El Consejo de Estado emitió una decisión que obliga al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente por unas declaraciones que realizó en 2024 sobre el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, exfuncionaria y dirigente política secuestrada y asesinada en 1982, en un crimen que, hasta hoy, permanece impune.
El pronunciamiento judicial responde a una tutela interpuesta por la familia Echeverri Lara, que reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la dignidad. Esto luego de que el jefe de Estado, durante un discurso ofrecido en Estocolmo, hiciera referencia directa al caso y señalara como presunto responsable a un familiar de la víctima. Lea: Petro habla nuevamente sobre atentado a Uribe: ¿fue por razones políticas?
“Ellos están exiliados porque los habían acusado falsamente, nunca salieron de su pueblo, de su vereda, los habían acusado falsamente de el (sic) secuestro de una señora llamada Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar”, dijo el mandatario en esa ocasión.
Fallo sostiene que afirmaciones del presidente carecen de respaldo probatorio
La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo en firme el fallo que le ordena al presidente retractarse, al considerar que sus palabras implicaron imputaciones directas hacia personas identificables sin sustento probatorio.
“En cuanto a la primera afirmación, esto es, ‘una señora llamada Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar’, la Sala comparte íntegramente las consideraciones contenidas en la sentencia impugnada pues, efectivamente se trata de imputaciones directas y específicas dirigidas a un grupo determinado de persona, sin que en el expediente exista prueba alguna”, explicó el alto tribunal.
El caso de Gloria Lara de Echeverri fue atribuido inicialmente a presuntos miembros de un grupo guerrillero, quienes fueron capturados y procesados. Sin embargo, más adelante un tribunal los absolvió y posteriormente la acción penal prescribió. En sus declaraciones de 2024, el presidente Petro se refirió a estas personas como inocentes y víctimas de señalamientos injustos.
Según el Consejo de Estado, este señalamiento no vulnera derechos ni carece de fundamento, ya que está documentado que las confesiones fueron obtenidas bajo presiones y torturas.
No obstante, la Corporación consideró que el presidente incurrió en un incumplimiento de su deber de veracidad al sugerir que un familiar de la víctima habría sido el responsable del crimen, sin contar con pruebas que lo acreditaran. “El incumplimiento a las cargas de veracidad por parte del señor presidente Gustavo Petro Urrego sí afectó los derechos fundamentales de las accionantes, en tanto se puso en entre dicho su ajenidad a los hechos que precedieron al fallecimiento de la señora Gloria Lara”, concluyó la decisión.
La orden de retractación se mantiene vigente y deberá cumplirse en los términos establecidos por el fallo. El Gobierno aún no ha emitido una declaración oficial al respecto.