La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió esta tarde los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno convocó a la consulta popular, al aceptar una demanda de nulidad contra esa decisión del Ejecutivo.
El tribunal de lo contencioso administrativo argumentó que el decreto se expidió “sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”.
Es importante indicar que, a pesar de que la administración de Gustavo Petro pretendía excluir al Consejo de Estado del estudio jurídico de esa iniciativa y solo limitarlo a decisión de la Corte Constitucional, revisión que supuestamente debía ser posterior a la consulta popular, la Sección Quinta de ese tribunal de lo contencioso administrativo ratificó su plena competencia para abordar el tema del decreto de la consulta popular del Ejecutivo, que no quería darle valía a lo expresado por el Senado de la República. Lea: La ‘media moñona’ del Gobierno con las reformas laboral y pensional
Asimismo, desde ese alto tribunal señalaron que acudieron a lo dispuesto en el artículo 149.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a varias decisiones internas del mismo Consejo de Estado, para tomar la decisión de suspender la iniciativa del decreto de la consulta popular del Gobierno Petro.
Hay que aclarar que, la decisión del Consejo de Estado de hoy, martes 18 de junio, no afectaría el trámite que realizará la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo tribunal, a donde Hernán Penagos, registrador Nacional, le solicitó emitir un concepto frente a la constitucionalidad de la consulta popular.
Penagos insistió que hay problemas logísticos y presupuestales en consulta popular
Resaltando su independencia como autoridad electoral, el registrador nacional, Hernán Penagos, dejó en manos de las altas cortes el futuro de la consulta popular.
En sus argumentos, el registrador señaló una serie de riesgos que se presentan para la realización de esta consulta popular, que pasa por problemas presupuestales y logísticos.
Estos problemas, además de las tensiones “sin precedentes” entre el ejecutivo y el legislativo, complicaría la realización de la consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó para el próximo 7 de agosto.
Según explicó el registrador Penagos, el tema logístico es un gran inconveniente para la realización de esta convocatoria de consulta popular, puesto que la entidad requiere un mínimo de 3 meses para cumplir con toda la logística.
“No pueden llevar a la Registraduría a cometer errores, el tiempo es demasiado precario, no es justo. Si quieren una consulta integra y bien organizada es necesario los tres meses y en este momento no hay recursos para realizarla”, explicó. Le puede interesar: Petro se rehúsa a desistir de la consulta popular: hizo fuerte declaración
En la logística esta la distribución del material electoral a 112.000 mesas de votación ubicadas en 67 países y 124 consulados, sumado a la capacitación a 650.000 jurados y la puesta a punto de los sistemas de información.
A esto, el Registrador explicó la falta de presupuesto para realizar las elecciones de la consulta popular para agosto, como lo convocó el presidente.
Según explicó, la entidad no tiene los 750.000 millones de pesos que se requieren para la realización e estas elecciones.
Incluso, en caso de que las Altas Cortes declare de inconstitucionalidad de este decreto, se podría generar un detrimento patrimonial a futuro, como lo explicó el registrador.