La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, tras rechazar los recursos de reposición interpuestos por sus respectivas defensas.
Ambos legisladores, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, continuarán privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en la red de corrupción que operó dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lea: Petro acusa a Iván Name de robar en la Ungrd para favorecer a su hija
Los dos políticos están vinculados a un entramado que, según la Fiscalía General de la Nación, se estructuró como una “organización criminal” al interior de la Ungrd. De acuerdo con el ente acusador, el grupo se habría aprovechado de las declaratorias de emergencia emitidas por el Gobierno para direccionar millonarios contratos a cambio de sobornos.
Parte de ese dinero habría sido destinado a congresistas con el propósito de facilitar la aprobación de reformas y otras iniciativas en el Legislativo.
Corte detalla entregas millonarias a congresistas
En su decisión, la Corte Suprema reveló que Iván Name habría recibido $3.000 millones repartidos en dos entregas. La primera, por $1.500 millones, se realizó el 12 de octubre de 2023; la segunda, por igual monto, se efectuó al día siguiente, el 13 de octubre. Según el alto tribunal, “Sandra Liliana Ortiz, descrita como persona de estrecho vínculo de amistad con Name, fue la encargada de recibir el dinero”.
Durante la primera entrega participaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, entonces director y subdirector de la Ungrd. En la segunda, solo estuvo presente Pinilla. Ambas transacciones se hicieron en el Hotel Tequendama Suites de Bogotá, desde donde Ortiz se desplazó a un apartamento en el edificio Bassel I para hacerle entrega del dinero a Name, según indica el expediente.
Por su parte, Andrés Calle habría recibido $1.000 millones de manera directa por parte de Sneyder Pinilla. El dinero, de acuerdo con los documentos revelados por la Corte, fue entregado el 14 de octubre de 2023 en un apartamento ubicado en Montería.
Ambos congresistas son procesados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito. Con esta decisión, se cierra la posibilidad de que recuperen la libertad de manera inmediata mientras continúan las investigaciones.