El presidente Gustavo Petro criticó con contundencia la decisión de la Registraduría Nacional de dejar en manos de las Altas Cortes la definición sobre la validez del decreto que convoca a una consulta popular impulsada por su gobierno. A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que esa postura compromete la imparcialidad del organismo electoral.
“La Registraduría es árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”, advirtió el jefe de Estado, quien rompió el silencio frente al pronunciamiento del registrador nacional, Hernán Penagos. Lea: Reforma laboral: trino de Petro divide opiniones y Benedetti interviene
Petro aseguró que acatará cualquier decisión que tomen las Altas Cortes en relación con el decreto, pero reiteró que, a su juicio, el acto administrativo emitido por el Ejecutivo “tiene toda la legitimidad, se respeta, goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición”.
Presidente pide a abogados actuar contra decisión de la Registraduría
El mandatario también hizo un llamado a los sectores jurídicos que lo respaldan: “A toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes”, sugirió, dejando ver su intención de abrir un frente legal frente a lo que considera una extralimitación por parte del registrador.
En su mensaje, Petro cuestionó lo que describió como una serie de acciones institucionales para socavar su mandato. “He sido víctima por guiar un Gobierno de ‘origen diferente’, señalando a varias entidades de no respetar el voto popular, de vaciar de poder la Presidencia e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional”, escribió en la red social.
A las críticas se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien desestimó la competencia de la Registraduría para frenar la consulta, señalando que Penagos actúa como un facilitador logístico y no como un intérprete constitucional. “Se está equivocando gravemente en eso. Él no tiene por qué hacer una excepción constitucional de una excepción constitucional que hace el Gobierno”, expresó.
Ahora, será el Consejo de Estado el encargado de analizar tanto la validez del decreto presidencial que convoca la consulta, como la decisión del Senado de la República de oponerse a su realización.