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Gobierno sufre derrota: Senado archiva consulta popular 2.0

La reforma laboral avanza, pero un polémico mecanismo para respaldarla recibió un fuerte revés en el Congreso.

Gobierno sufre derrota: Senado archiva consulta popular 2.0

Gobierno sufre derrota: Senado archiva Consulta Popular 2.0. // Foto: El Colombiano.

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La plenaria del Senado hundió este martes la denominada “consulta popular 2.0”, al rechazar con 52 votos en contra y solo 2 a favor la solicitud del Gobierno para convocar un mecanismo de participación ciudadana con 16 preguntas.

La propuesta, que recogía aspectos centrales de la reforma laboral aprobada horas antes y enviada a conciliación, no logró el respaldo suficiente en el Congreso y fue archivada. Lea: Senado aprueba la reforma laboral: ¿qué sigue?

El ambiente político en el Capitolio fue marcado por una fuerte carga simbólica. Al grito de “¡Fuerza Miguel!”, senadores de la oposición e independientes celebraron la decisión. La frase hacía referencia al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece internado en la Fundación Santa Fe, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de ser víctima de un atentado.

Ante el hundimiento de la “consulta popular 2.0″ el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X que “según esta votación del senado, los enemigos de la consulta, nunca tuvieron mayoría para la consulta popular, como lo dijimos, y no la tuvieron cuando se votó la primera consulta y se hizo fraude”.

Además, Petro añadió: “Solo dos personas traicionaron la gran coalición en favor del derecho de los trabajadores, y hacen el quorum, sino, hoy estaríamos a dos dias de tener consulta popular con las preguntas sobre el sistema se salud”.

¿Qué contenía la consulta 2.0 y por qué fue tan polémica?

La iniciativa del Gobierno surgió luego del fracaso de una primera convocatoria de consulta popular, que fue planteada con la intención de presionar la aprobación de sus principales reformas en el Congreso. En respuesta, el Ejecutivo radicó una nueva versión que sumaba cuatro preguntas adicionales, alcanzando un total de 16, con temas relacionados no solo con la reforma laboral, sino también con asuntos de salud, como la regulación de medicamentos.

Este nuevo documento fue firmado inicialmente por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en ese momento ejercía como presidente encargado durante los viajes internacionales del mandatario Gustavo Petro.

La radicación provocó controversia, ya que expertos y sectores de oposición advirtieron que algunas de las preguntas eran inviables desde el punto de vista jurídico y técnico. Para corregir el procedimiento, el Gobierno tuvo que incorporar posteriormente la firma del presidente.

El trámite legislativo también fue motivo de disputa. De acuerdo con la ley, el Senado debía pronunciarse sobre la consulta en un plazo máximo de 30 días desde su radicación. Aunque fuentes cercanas al ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguraron que el término legal vencía el jueves 19 de junio, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) sostuvo que el límite era este martes.

“No nos podemos hacer los bobos frente a lo que está pasando, que es una dilación tratando de mantener viva la consulta 2.0 que radicó el Gobierno, cuyo plazo de votación se vence hoy”, afirmó Valencia durante la sesión. Añadió que “no podemos seguir viendo cómo dilatan tratando de mantener viva la consulta. Sería un gesto del Gobierno que sí va a aceptar la laboral que se está discutiendo”.

A pesar de los argumentos del oficialismo, la mayoría del Senado respaldó la propuesta de archivo, lo que dejó sin efecto la intención del Ejecutivo de recurrir a la consulta popular como mecanismo de validación ciudadana. La estrategia fue percibida por varios sectores como una forma de mantener viva la presión sobre el Congreso mientras avanzaba la discusión de las reformas.

Ahora, con el hundimiento de la consulta, el Senado continuará este miércoles con el debate final de la reforma laboral, que ya superó su primera prueba en el Legislativo pero aún debe pasar por el proceso de conciliación antes de su eventual sanción presidencial.

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