En medio del tenso ambiente político que rodea la discusión de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro negó este lunes cualquier vínculo entre su defensa del proyecto y el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay.
El mandatario reaccionó a los señalamientos que han surgido en sectores del Congreso y afirmó que reclamar por los derechos de los trabajadores no puede equipararse con fomentar la violencia. Lea: Reforma laboral: Senado y Gobierno alistan salida a la consulta popular 2.0
Reforma laboral: el llamado de Petro a no modificar lo aprobado en Cámara
“No es cierto que seamos responsables del atentado al senador Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores”, afirmó Petro a través de su cuenta de X, en un mensaje publicado tras asistir a una reunión convocada por la Iglesia con la participación de altos representantes del Estado.
El Jefe de Estado insistió en que los trabajadores deben ser vistos como víctimas de décadas de violencia, y no como victimarios. “Los trabajadores de Colombia no son asesinos, es a ellos a los que han asesinado por centenares de miles”, agregó el mandatario, utilizando un tono que ha generado cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales.
La discusión en el Senado de la reforma laboral, uno de los pilares del gobierno, ha generado divisiones incluso dentro del Legislativo. Mientras avanza el debate, Petro reiteró que el Ejecutivo espera que la versión aprobada en la Cámara de Representantes no sea modificada de forma regresiva.
“Un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara”, puntualizó.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, planteó que el Gobierno podría contemplar el retiro del decreto que convoca a una consulta popular, siempre y cuando la reforma que se vote en el Senado mantenga los lineamientos propuestos por la administración Petro.
Ese decreto —que fija como fecha el 7 de agosto para una eventual consulta— enfrenta actualmente varias demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. A la vez, diversos sectores de la sociedad civil, incluidos algunos cercanos al Gobierno, han advertido que esta medida puede rozar los límites institucionales entre los poderes públicos.