Sectores económicos del país están preocupados tras el reciente anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre el posible incremento del IVA que haría el gobierno de Gustavo Petro.
Ese incremento, según el ministro, sería de unos siete puntos porcentuales, por lo que pasaría del 19% al 26%.
Germán Ávila sorprendió con la posible medida económica durante la rueda de prensa en la que se habló del Marco Fiscal de Mediano Plazo que contempla el Gobierno.
Según el ministro, “Sí se va a considerar el tema del IVA, pero no un IVA generalizado, estamos revisando el tema sobre algunos sectores específicos”. Le puede interesar: Reforma laboral de Petro avanza en medio de divisiones
“Tampoco se descarta avanzar hacia una reforma más amplia que, dadas las condiciones del gasto tributario en Colombia, contemple la revisión de la estructura del IVA y otras fuentes de ingresos”, señala, por su parte, el documento del Marco Fiscal 2025.
Gobierno suspende la regla fiscal por tres años en Colombia
El Gobierno Nacional decidió suspender el cumplimiento de la regla fiscal durante los próximos tres años, en respuesta al complejo panorama económico que enfrenta el país. Así lo anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, quien confirmó que se activó la cláusula de escape contemplada en la ley para momentos de crisis extraordinaria.
De acuerdo con Ávila, esta decisión busca evitar que se frene el crecimiento económico y se ponga en riesgo la estabilidad financiera. Según explicó, sin esta medida, el país habría tenido que enfrentar recortes significativos que afectarían la inversión social, en un contexto de ingresos tributarios a la baja, desaceleración económica y mayores presiones sobre el gasto.
“Esta medida no significa abandonar la responsabilidad fiscal”, afirmó el ministro, al señalar que se trata de una “flexibilización temporal para responder a necesidades urgentes del país”. Además, recordó que en 2024 sí se cumplieron las metas fiscales, lo que refuerza el argumento de que se trata de una situación excepcional.
¿De cuánto será el déficit fiscal en 2025?
Durante la presentación de la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Ávila también reveló que el déficit fiscal proyectado para el año 2025 aumentará al 7,1 %, dos puntos porcentuales por encima del 5,1 % que estaba previsto en el plan financiero. En ese escenario, anunció que el Gobierno presentará una reforma tributaria a finales de julio, con la que espera recaudar 19,6 billones de pesos.
El ministro planteó la necesidad de un “gran acuerdo tributario” que involucre a todos los sectores económicos. A la par, se recortarán las proyecciones de ingresos tributarios en 18,5 billones de pesos y se implementarán nuevas estrategias para encaminar la recuperación de las finanzas públicas en el mediano plazo.
Sin embargo, la medida generó reacciones críticas. El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana señaló al diario El Tiempo que el país no requería modificar la regla fiscal. “Colombia no necesita salidas transitorias sin rumbo, sino un verdadero plan de ajuste estructurado, transparente y gradual”, indicó el centro académico, que advirtió sobre la necesidad de decisiones técnicas y responsables para mantener la sostenibilidad fiscal.
Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, cuestionó, en Semana, la justificación utilizada por el Ejecutivo para activar la cláusula de escape. “Aquí la pregunta es cuál es el argumento para incumplir la regla fiscal. Yo creo que no existe ninguno distinto al exceso de gasto, los bajos niveles de recaudo y decisiones de política pública que han generado incertidumbre”, expresó el exfuncionario.
Restrepo recordó que en el pasado esta medida se usó en contextos extraordinarios, como la pandemia, pero que el caso actual no se ajusta a ese tipo de circunstancias. Según él, la consecuencia directa ha sido el aumento del costo del financiamiento público y un deterioro de la confianza en la gestión fiscal del país.
La suspensión de la regla fiscal marca un giro en la política económica del Gobierno, que ahora deberá equilibrar sus objetivos sociales con los retos estructurales de las finanzas públicas.