La reciente convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un ambiente de tensión y expectativa en la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que deberá definir si acata o no el decreto firmado por el mandatario, en medio de cuestionamientos jurídicos y preocupaciones logísticas por la fecha planteada: el próximo 7 de agosto.
Desde que el decreto fue notificado formalmente este viernes a la Registraduría, se encendieron las alarmas dentro de la entidad. Aunque inicialmente se especuló que el acto administrativo sería aplazado hasta que avanzara la discusión de la reforma laboral —que ya fue aprobada en un 75 % por el Senado—, el proceso continuó su curso, y ahora la atención está centrada en el registrador nacional, Hernán Penagos. Lea: Reforma laboral de Petro avanza en medio de divisiones
La presión es creciente y proviene de todos los sectores. El Gobierno sostiene que Penagos incurriría en prevaricato si no cumple con lo ordenado en el decreto presidencial, mientras que sectores de oposición e independientes consideran que debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad para evitar la organización de la consulta sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales.
“Más allá de devolver o no un hipotético y espurio decreto, lo que puede hacer el registrador nacional es acudir a la excepción de inconstitucionalidad con fundamento en los artículos 4 y 104 del ordenamiento superior y no expedir el calendario electoral”, expresó Alexander Vega Rocha, exregistrador y actual copresidente del partido de ‘La U’.
Cuatro escenarios jurídicos y una carrera contra el tiempo
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la Registraduría tendría cuatro opciones. La primera es rechazar la convocatoria por no cumplir los requisitos legales, como la falta del concepto favorable del Senado. La segunda, iniciar los trámites bajo reserva, esperando lo que se resuelva en sede judicial.
La tercera sería organizar plenamente la consulta bajo el principio de legalidad del decreto, dejando que la Corte Constitucional verifique su validez tras la votación. Finalmente, la cuarta opción sería abstenerse de actuar hasta que haya un pronunciamiento judicial de fondo.
Más allá del debate jurídico, hay una preocupación urgente: el tiempo. Expertos advierten que el plazo para montar una consulta de carácter nacional es extremadamente corto. Menos de dos meses para una convocatoria que debería incluir a más de 40 millones de ciudadanos, tanto dentro como fuera del país, resulta poco viable. “El tiempo no sería suficiente”, aseguraron fuentes de la Registraduría consultadas por este medio.
Recursos, contratación y costos: los otros nudos del proceso
El escenario se complica aún más por los interrogantes logísticos. Hasta ahora no hay claridad sobre qué empresa asumiría la producción y entrega de los materiales electorales en el plazo propuesto. Además, hay dudas sobre si el Gobierno garantizará los recursos a tiempo. “Todo depende de la velocidad en la que lleguen los recursos. Si el dinero para hacer la contratación de todo lo que necesitaría la consulta no llega, yo no creo que se alcanzaría para ese tiempo”, advirtió el exregistrador Alfonso Portela.
Por ahora, los costos estimados por la Registraduría oscilan entre 700.000 y 750.000 millones de pesos, aunque no se descarta que superen el billón. La decisión sobre el futuro de la consulta, y sobre cuál de los caminos tomará la autoridad electoral, podría conocerse este domingo en Puerto Carreño, Vichada, donde Penagos estará presente para dar apertura a elecciones atípicas y, posiblemente, hablar por primera vez sobre el polémico proceso.