Los recientes ataques armados perpetrados en Cali y varios municipios del suroccidente colombiano han provocado una reacción unánime por parte de los alcaldes y gobernadores del país, quienes rechazaron de manera contundente la escalada de violencia.
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Redacción ColombiaLas autoridades locales advierten sobre las consecuencias del debilitamiento institucional frente al avance de los grupos armados ilegales, cuyas acciones han dejado víctimas mortales, múltiples heridos y una creciente sensación de inseguridad entre la población.
De acuerdo con la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, “rechazamos enfáticamente los actos terroristas que han cobrado la vida de al menos cuatro personas y dejado más de una decena de heridos en Cali, Caloto, Jamundí, Villarrica, El Bordo, Corinto y Timbiquí”. Lea: Atentado con explosivos dejó una persona sin vida y nueve heridos
Estas agresiones, que incluyen atentados con explosivos, ataques armados y hostigamientos, se han concentrado principalmente en departamentos como Cauca y Valle del Cauca.
Líderes regionales cuestionan la respuesta estatal
En un pronunciamiento conjunto, varios alcaldes señalaron que “estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales”.
Asocapitales también subrayó que la situación actual exige medidas urgentes. “La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables. La vida, la libertad y la seguridad de los colombianos no pueden seguir esperando”.
Por su parte, los gobernadores del país también expresaron su preocupación frente al deterioro de la seguridad. En lo corrido de junio, según su balance, se han registrado más de 30 hechos violentos, atribuidos principalmente a disidencias de grupos armados ilegales. “Ante la grave escalada de violencia que ha azotado a varios territorios del país en estos primeros 10 días del mes de junio y que ya acumula una alarmante cifra de más de 30 hechos violentos, los Gobernadores expresan su vehemente rechazo y exigen al Gobierno nacional tomar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía”.
Además, alertaron sobre una amenaza que, según ellos, no puede subestimarse: “el país enfrenta una amenaza híbrida que combina insurgencia, crimen organizado y terrorismo y que actúa de manera premeditada e irracional. Razón por la cual es urgente respaldar a la Fuerza Pública, fortalecer sus capacidades institucionales, técnicas, operativas para que sean estas quienes enfrenten con contundencia el accionar delincuencial y terrorista y garanticen que ningún ciudadano, sin importar cual sea su rol en la sociedad, sea objeto de algún atentado contra su vida”.
El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y actual gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también se sumó al llamado nacional por mayor protección y autoridad estatal. “No puede ser nuestro futuro el pasado, nuestro país no puede regresar a los años oscuros donde las armas silenciaron la democracia, aterrorizaban el transcurrir de la cotidianidad de los ciudadanos, pretendían controlar el debate político e intimidar a todas las ramas del poder”, afirmó.