La tensión política crece en Colombia tras la advertencia pública del presidente Gustavo Petro a su gabinete ministerial, a quienes exigió firmar el decreto que convoca a una consulta popular nacional sobre sus reformas estructurales. La presión ejercida por el mandatario ya generó su primera denuncia formal por presunto constreñimiento ilegal.
Petro, que viaja este sábado a Niza, Francia, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, espera que el decreto quede firmado por todo su equipo antes de salir del país. La presentación oficial está prevista para el próximo 11 de junio, en el marco de una movilización nacional convocada por sectores afines al Gobierno.
Para lograr su propósito, el presidente citó de urgencia a todo el gabinete este sábado después del mediodía en la Casa de Nariño, exigiendo la firma del documento, el cual, según fuentes, ya está redactado.
“Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, escribió Petro en su cuenta oficial de X (antes Twitter), dejando clara su postura.
Denuncia por presunta presión ilegal
La advertencia encendió las alarmas entre sectores políticos. El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal, anunció la radicación de una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, alegando que el presidente habría incurrido en el delito de constreñimiento ilegal, contemplado en el artículo 182 del Código Penal.
Según explicó Espinosa, Petro estaría forzando a los ministros a firmar un acto que podría considerarse indebido, bajo la amenaza de la pérdida de sus cargos, lo cual sería un acto contrario a su voluntad y, por tanto, sancionable.
Consulta popular, decreto bajo controversia
La convocatoria a la consulta popular —que incluiría 12 preguntas, entre ellas una para revivir la reforma laboral— fue anunciada el pasado martes 3 de junio, en una alocución sorpresiva del presidente Petro.
Aunque el mandatario sostiene que esta figura está respaldada por la Constitución y la ley, juristas y sectores de oposición consideran que la medida podría violar normas constitucionales si no cuenta con los requisitos legales, como la firma de todos los ministros y la aprobación previa del Senado.