Por supuestos incumplimientos de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP), los 16 exjefes paramilitares a los que el presidente de la República, Gustavo Petro, había designado gestores de paz, renunciaron a ese rol.
“La realidad demostró que estas designaciones, en la práctica, se convirtieron en un gesto meramente simbólico”, afirmó el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso al leer la carta firmada por los 16 exjefes paramilitares. Lea: “Es falso”: Alias ‘Calarcá’ negó la muerte de ‘Iván Mordisco’
Entre los designados por Petro como gestores de paz estaban algunos de los más sanguinarios mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad, una decisión que causó controversia en el país.
Entre los firmantes de la carta figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez, y Hernán Giraldo Serna, este último considerado el mayor violador de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“La OCCP jamás tuvo la intención ni el compromiso para materializarlas (las designaciones)”, expresaron los exjefes paramilitares, quienes agregaron que hubo “dilaciones sistemáticas”, “falta de transparencia” y una “abierta insubordinación” que no les permite seguir “ejerciendo” sus “gestorías de forma eficiente y digna”. Le puede interesar: Mindefensa: tropas están autorizadas para actuar en cualquier parte de Colombia
En ese sentido, los firmantes criticaron a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, porque considera que el diálogo con esa institución es “infructuoso y carente de buena fe” y “minimiza las causas estructurales de la violencia a conveniencia”.
Pese a la decisión, los exparamilitares reconocieron liderazgo de Petro
Sin embargo, los exjefes paramilitares reconocieron el “liderazgo” del presidente Petro y manifestaron su “voluntad inquebrantable de seguir contribuyendo a la agenda de paz total”, con la que el Gobierno busca negociar un acuerdo con la guerrilla y el sometimiento a la justicia de los principales grupos armados.
Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe. Lea también: Gustavo Petro insiste en atentado en su contra: lanza críticas a la Policía
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos, incluido Mancuso, acabaron extraditados por penas relacionadas con el narcotráfico a Estados Unidos.