Continúan las olas de reacciones al anuncio del Gobierno de Gustavo Petro que confirmó que presentará la consulta popular por decreto.

San Andrés se estremeció tras fuerte temblor de 5.0
Redacción ColombiaAnte esto, la bancada independiente de la Cámara de Representantes se sumó a las manifestaciones de los partidos de oposición, de los gremios y de algunos sectores de opinión y académicos, que rechazaron la medida optada por el Gobierno Petro.
“La decisión del presidente desconoce abiertamente la voluntad soberana expresada por el Senado de la República, como requisito esencial contemplado por el constituyente de 1991”, expresaron en su mensaje los representantes: Cristian Danilo Avendaño, Daniel Carvalho, Alejandro García Ríos, Carolina Giraldo Botero, Juan Sebastián Gómez, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Luvi Katherine Miranda y Jennifer Pedraza. Lea: Consulta popular: Petro lanza duro reclamo al Pacto Histórico en el Senado

Los congresistas argumentaron que el decreto de convocatoria planteado por el mandatario pondría “en riesgo inminente” la “integridad del orden administrativo, legal y constitucional”, así como “la seguridad jurídica, la garantía de los principios democráticos”, eso sin contar con el uso de recursos públicos.
“Hacemos un llamado respetuoso pero decidido a todos los congresistas, a las altas cortes y a la Registraduría Nacional a mantenerse del lado de la Constitución y rechazar vehementemente esta decisión, honrando los principios de nuestro Estado de Derecho. En momentos de tensión institucional, la defensa de las reglas democráticas no admite ambigüedades ni silencios cómplices”, manifestaron los congresistas.
Asimismo, se mostraron preocupados en la insistencia del jefe de Estado en “desestabilizar el país por cálculos electorales”, al tiempo que reclamaron “mesura” y “respeto por la democracia”.
La CEJ también se unió a las voces de rechazo a la consulta popular por decreto
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó también el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de convocar por decreto la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional.
La organización consideró que esta decisión representa una forma de abuso del poder presidencial y advirtió que pone en riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia del poder Legislativo.
“Valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia y, más grave aún, atribuir a la norma superior aquello que no dice ni pretende decir, es una forma de abuso del poder presidencial y pone en serio riesgo las reglas del Estado Social de Derecho, en particular la independencia inherente al poder Legislativo”, sentenció la entidad. Le puede interesar: El llamado de Gustavo a Petro a sus ministros por la consulta popular
La CEJ cuestionó el fundamento jurídico esgrimido por el mandatario para justificar la consulta sin intervención previa del Senado. Señaló que “valerse de interpretaciones amañadas de la Constitución Política de Colombia” y atribuirle a la norma superior competencias que no contempla constituye un desconocimiento de las decisiones legítimas del Congreso de la República.
La Corporación recordó que el presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y reiteró que su rol no incluye revisar ni juzgar la forma en que el poder Legislativo adopta sus decisiones. En ese sentido, advirtió que, de expedirse el decreto anunciado, este podría ser considerado ilegal.
La CEJ instó al respeto por la autonomía del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, instancias competentes para definir la legalidad del eventual decreto de convocatoria. Indicó que será en esos escenarios donde se deben examinar todos los aspectos asociados a lo que calificó como un asunto de alta sensibilidad institucional.
“El presidente de la República no es juez del Senado”, enfatizó la entidad, y recordó que la institucionalidad judicial es el pilar sobre el que se sostiene la vida democrática del país. Reiteró la necesidad de preservar la separación de poderes y la independencia de las ramas del Estado.