La Fiscalía General de la Nación anunció que presentará cargos formales contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta implicación en el escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Tiempo mencionó que la decisión fue comunicada por la fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, quien indicó que la imputación incluirá dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Este proceso judicial avanza tras la posible aceptación por parte de un juez del principio de oportunidad que se busca aplicar contra María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y señalada como testigo clave en esta investigación. Lea: Caso Ungrd: Olmedo López contra la Fiscalía por no apelar rechazo a preacuerdo
La fiscal Patiño detalló que la imputación en contra del exministro se relaciona con uno de los cuatro frentes que conforman la indagación, la cual involucra a funcionarios tanto del Gobierno como del Congreso.
Investigación por contratos irregulares en la UNGRD abarca varias regiones del país
“Este caso no se desarrolló solamente en Bogotá, está involucrada contratación en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Hemos tenido que realizar labores de corroboración que requieren tiempo”, explicó la fiscal Patiño, resaltando la complejidad territorial del entramado de contratos que se investiga.
El escándalo gira en torno a contratos supuestamente adjudicados a congresistas a cambio de su voto favorable en 2023 para proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, un acto que la Fiscalía y la Corte Suprema califican como un intercambio de favores ilegales.
Los contratos, cuyo valor supera los 92.000 millones de pesos, habrían beneficiado a legisladores en distintas regiones, incluidos los municipios mencionados, con la finalidad de asegurar la aprobación de cupos indicativos en las comisiones económicas del Congreso.
En la actualidad, además de Bonilla, otros altos funcionarios están bajo investigación o ya han sido procesados por este caso. Entre ellos se encuentran Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); César Manrique, exjefe de Función Pública; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones. Excepto López, quienes enfrentan cargos han declarado su inocencia.
Olmedo López se ha convertido en uno de los principales colaboradores del proceso, aceptando beneficios judiciales a cambio de aportar información sobre otros implicados, incluyendo a Sneyder Pinilla, señalado como su mano derecha, quien también negoció condiciones similares.
La figura de María Alejandra Benavides destaca en la investigación por haber sido el nexo entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas interesados en obtener recursos para sus territorios. Benavides asumió como asesora de Bonilla en 2023 y habría facilitado la comunicación y concertación de estos contratos irregulares.
La defensa de Ricardo Bonilla está a cargo de los abogados penalistas Javier Torres y Jorge Mario Gómez, quienes se han presentado en distintas audiencias en el Tribunal Superior de Bogotá para analizar y preparar la estrategia jurídica frente a las evidencias que la Fiscalía ha reunido contra su cliente.