El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno ya tiene un borrador de decreto para convocar a la consulta popular, el cual será publicado a más tardar el 12 de junio.
En medio de su insistencia por los señalamientos de fraude en la votación y de “jugadas” desde el Congreso, Benedetti aseguró que esta tarde habrá una reunión con expertos para definir más detalles sobre la forma de sacar la consulta popular vía decreto y hasta la fecha de cuando sería.
“Ya hay un borrador, esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Nos vamos a reunir con expresidentes de la Corte Constitucional, magistrados y auxiliares para seguir estudiando cómo se debe hacer el decreto”, señaló. Lea:Se filtra lista de 70 funcionarios de Ecopetrol presuntamente espiados
Ya está listo el borrador del decreto para la consulta popular
El jefe de la cartera política insistió en que el decreto “va porque va”, y que incluso, ya tiene “una columna vertebral, lo único es como debe hacerse y como debe argumentar”.
Sobre el futuro de la segunda consulta popular radicada en el Senado, Benedetti asegura que no piensan en retirarla porque le apuntan a diferentes planes A, B o C para sacarla adelante.
“Fíjese que la mini reforma que se les mandó mensaje de urgencia no lo han querido debatir, y el que revivimos nosotros se está discutiendo, está la consulta 1.0 y 2.0. Solo hemos visto a Efraín Cepeda haciendo fraude y trampas para que los trabajadores no tengan derechos”, cuestionó.Pese a los cuestionamientos desde diferentes sectores políticos que califican esta postura como un golpe de estado, el gobierno insiste en esta fórmula de la consulta vía decreto.
“Sería un exabrupto, un golpe contra el poder legislativo y el poder judicial”: así reaccionó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, agregando que “Estoy seguro de que la Registraduría no se prestará para hacer una consulta espuria como esa”.
A estos cuestionamientos también se sumó el exregistrador Alexander Vega, y actual codirector del Partido de la U, al sostener que “Si el presidente llegará a sacar el decreto, es abiertamente ilegal que expondría al presidente a una denuncia por prevaricato en la comisión de acusaciones”.