Este lunes 2 de junio, la justicia de Guatemala ordenó la captura del embajador de Colombia en el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez y de la fiscal General Luz Adriana Camargo, señalados de corrupción en el caso Odebrecht.
Ambos son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Guatemala también pidió la activación de la alerta roja internacional por parte de la Interpol por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, y obstrucción de justicia y colusión.
Así lo informó Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, quien también ordenó la captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público. Lea: Iván Velásquez reitera su salida del Ministerio de Defensa
La lista no paró ahí. También se ordenó la captura de Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la Cicig, y los exfiscales de la Feci, Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.
¿Por qué Guatemala pidió la captura de Velásquez, Camargo y otras figuras política?
Todo esto al determinar que “la estructura criminal, encabezada por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones”.
Un caso que viene desde hace dos años cuando el Ministerio Público de Guatemala anunció que emprendería acciones legales en contra del exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez por su desempeño frente a la Cicig que realizó entre los años de 2013 y 2017.
Lo mismo hizo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en el país centroamericano.
Así, a Velásquez se le acusó de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht.
Ante esto, Iván Velásquez se pronunció en la tarde de este lunes, “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Cicig”.