El gobierno de Gustavo Petro afronta la recta final de su mandato con un Congreso fragmentado y un panorama incierto para su ambiciosa agenda de reformas sociales.
Aunque la reforma pensional logró avanzar hasta su sanción presidencial y la de salud sigue estancada, la que más atención concentra en este momento es la reforma laboral, cuyo futuro se definirá en las próximas semanas en medio de divisiones internas, alianzas inesperadas y estrategias políticas que aún no garantizan su aprobación definitiva.
Después de varios tropiezos en la Comisión Séptima del Senado, donde fue archivada en más de una ocasión, la reforma laboral logró reabrirse tras una apelación que trasladó su estudio a la Comisión Cuarta, una instancia reconocida por su oposición al Ejecutivo. Allí, el proyecto fue modificado en aspectos claves, lo que generó fracturas incluso entre los sectores que inicialmente lo respaldaban. Lea: ¿Se cancela la consulta si aprueban la reforma laboral? Esto dice el Gobierno
El presidente Gustavo Petro intentó impulsar el debate mediante la convocatoria de una consulta popular que incluía doce temas centrales de la propuesta laboral. Sin embargo, esa iniciativa fue negada por la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo.
No obstante, la reapertura del debate legislativo mantuvo con vida el proyecto, que ahora deberá superar su prueba definitiva en la plenaria del Senado entre el 9 y el 13 de junio, justo antes del cierre de las sesiones ordinarias.
Un rompecabezas político en la votación final
El conteo de votos para la plenaria revela un panorama dividido que podría inclinarse en cualquier dirección. Según las proyecciones actuales, se espera que alrededor de 32 senadores, entre ellos integrantes del Pacto Histórico, sectores de la Alianza Verde, el partido Comunes y un senador indígena, voten en contra del articulado. Para estos sectores, lo aprobado hasta ahora representa una derrota a los ideales de justicia y dignidad laboral.
“A pesar del esfuerzo colectivo que permitió revivir el debate tras el archivo inicial —gracias a la movilización social y a la convocatoria de la Consulta Popular— lo aprobado representa una clara derrota para quienes soñamos con un modelo laboral justo y digno”, advirtieron desde la bancada de gobierno.
Entre los puntos más polémicos para la oposición al articulado están la eliminación del aumento a la licencia de paternidad, la supresión de las licencias por menstruaciones incapacitantes y la legalización de nuevas modalidades contractuales.
“Se legalizó la contratación por horas, una práctica que reduce los ingresos reales de las y los trabajadores y profundiza la desigualdad. Además, se introdujo la posibilidad de concentrar la jornada semanal en cuatro días sin pagar recargos por horas extras, lo que equivale a legalizar el robo cotidiano de tiempo y esfuerzo laboral”, denunciaron.
En cuanto al Centro Democrático, el partido aún no define una postura unificada. Se prevé que sus 13 senadores apoyen algunos artículos, pero rechacen otros, especialmente los relacionados con aumentos salariales. La duda persiste sobre si votarán en bloque negativo o si algunos se abstendrán o se retirarán del recinto, lo que modificaría el quórum y podría facilitar la aprobación.
El Partido Liberal mantiene una bancada dividida. En la más reciente votación relacionada con la consulta popular, seis senadores se inclinaron por el “no” y siete por el “sí”. En esta ocasión, se espera un cambio en la tendencia si se ajustan los artículos relacionados con horas extras y trabajo dominical.
Por su parte, el Partido Conservador ha respaldado mayoritariamente la reforma, con al menos 12 de sus 15 senadores a favor. Paradójicamente, los tres que se oponen son afines al presidente Petro, entre ellos el senador Carlos Trujillo.
En el Partido de la U, cuya bancada en plenaria cuenta con 10 senadores, se anticipa una división similar a la anterior: seis a favor y cuatro en contra del proyecto.
Cambio Radical, identificado con la oposición al gobierno, sorprende con una mayoría favorable: de sus 11 senadores, nueve estarían dispuestos a votar por la reforma laboral, mientras que Temístocles Ortega y Ana María Castañeda estarían por el no. A este bloque de apoyo también se sumarían los cuatro senadores de movimientos cristianos.
La Alianza Verde, una coalición fragmentada, también llegará dividida: al menos seis votos por el no y siete por el sí, con el respaldo de figuras del movimiento En Marcha.