Un video que muestra un grave acto de violencia contra una menor de edad en la comunidad indígena Gito Dokabu, en el departamento de Risaralda, ha desatado una fuerte ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las imágenes, difundidas el 29 de mayo de 2025 a través de la red social X (antes Twitter), evidencian cómo dos hombres agreden brutalmente a una niña, mientras una mujer la amarra a una viga y la cubre con una cobija para preparar el castigo. Durante el acto, los hombres golpean a la menor con tallos herbáceos de manera repetida, hasta el punto de dejarla inconsciente por varios segundos. Lea:Ecopetrol responde por polémico contrato en medio de escándalo
El video, cuya fecha exacta de grabación se desconoce, muestra a la niña gritando de dolor mientras intenta evadir los impactos. La cobija cae y deja sus piernas expuestas, sin que esto detenga la agresión. Al final, la misma mujer que la sujetó la desamarra y la lleva al interior de una vivienda. También aparece un tercer hombre, aparentemente el jefe del hogar, que observa sin intervenir.
Condena de organizaciones indígenas
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron de manera enérgica este hecho. En su declaración, expresaron que actos de violencia como este constituyen una grave vulneración de los derechos de la infancia y contradicen los principios culturales, espirituales y políticos de los pueblos indígenas.
“Este tipo de agresiones no solo vulneran los derechos fundamentales de las niñas, sino que también contradicen profundamente el sentido espiritual y colectivo de nuestras comunidades”, señala el pronunciamiento.
El caso ha generado un fuerte debate nacional sobre los límites entre la autonomía cultural de los pueblos indígenas y la protección de los derechos humanos, especialmente los de la niñez.
Autoridades investigan los hechos
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía o el ICBF. Sin embargo, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han exigido una investigación inmediata que permita identificar a los responsables y garantizar la protección de la niña afectada.