En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el principio de neutralidad en la red es un derecho fundamental.
En otras palabras, esto implicaría que el acceso a internet debe ser libre, igualitario y sin privilegios comerciales, lo que llevó a la eliminación de los llamados planes prepago con aplicaciones incluidas —conocidos como zero rating— que ofrecían operadores móviles en el país.
¿Qué implica esta decisión?
La Corte tumbó una norma del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 que permitía a empresas de telecomunicaciones ofrecer planes prepago con ciertas aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram sin consumir datos. Según el alto tribunal, esta práctica:
- Vulnera la libertad de expresión.
- Atenta contra el pluralismo informativo.
- Rompe el principio de igualdad en el acceso a contenidos digitales.
De acuerdo con el fallo, el Estado no solo debe evitar la censura directa, sino también garantizar que todas las personas —sin importar su poder adquisitivo— tengan acceso completo y sin restricciones al ecosistema digital.
Esto significa que no pueden existir distinciones de acceso basadas en criterios comerciales o en la propiedad de los contenidos.
Fin a los planes de zero rating en Colombia
La sentencia, con ponencia de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel Cabo, concluye que los planes que limitan el acceso a ciertas aplicaciones gratuitas configuran una forma de discriminación digital, ya que dividen a los usuarios entre quienes acceden a un internet completo y quienes solo pueden navegar por unas pocas plataformas preseleccionadas por las empresas.
El abogado Emmanuel Vargas, demandante en el caso, señaló:
“Esta norma dividía el internet en uno para ricos, completo, diverso y libre; y otro para pobres, limitado a las aplicaciones que las empresas ofrecían como migajas. Esta sentencia es un avance crucial para garantizar el acceso universal a un internet libre”.
La Corte subrayó que el internet es una herramienta para el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la libertad de expresión.
Los efectos del fallo se difieren durante un año a partir de la publicación oficial de la sentencia. Este plazo permitirá a los operadores ajustar sus ofertas y garantizar un acceso equitativo y sin restricciones a la red.