Los gremios del sector productivo colombiano expresaron su preocupación por el decreto expedido anoche por el Gobierno nacional que aumenta las tarifas de autorretención en la fuente que aplican las empresas sobre sus ingresos, con el objetivo de incrementar el recaudo tributario durante el año gravable 2025.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) calificó este decreto como una “reforma tributaria disfrazada” que afectará en gran medida la caja, el empleo y reactivación del sector empresarial. Lea: Gobierno decreta aumento en las tarifas de retención en la fuente
“El nuevo decreto de retención en la fuente es una reforma tributaria disfrazada. Obliga a los empresarios a pagar impuestos sobre ingresos que aún no han recibido, afectando caja, empleo y reactivación. En momentos donde se requiere impulsar la inversión y el empleo, este tipo de medidas generan más incertidumbre”, indicó Camacol a través de sus redes sociales.
El gremio de construcción hizo un llamado al Gobierno para garantizar un entorno tributario estable, y no implementar nuevas cargas que finalmente, terminan afectando la recuperación económica del país.La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), por su parte, aseguró que, entre algunas de las principales afectaciones que traerá la normativa es que exigirá pagar anticipadamente obligaciones que correspondan al año 2026.
Fenalco alertó que el decreto publicado por el Gobierno nacional surge en un momento en que las empresas enfrentan grandes retos, situación que se ha reflejado en el bajo progreso económico que ha registrado el país recientemente.
Además, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que esta iniciativa afectará seriamente los cálculos de ingresos para el año inmediatamente siguiente, generando un déficit fiscal aún mayor al que dejará el gobierno Petro.
“Nuevamente se pone en evidencia la indolencia de un Gobierno, acosado por escándalos de corrupción, comprometido políticamente con la burocracia creciente, que confunde la técnica económica con la terquedad ideológica y, al que, además, no le importa el efecto de sus nefastas decisiones en el tejido empresarial, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas”, indicó.
“Esta figura impuesta no solo desconoce la realidad financiera de las empresas, sino que además convierte al sector productivo en financiador forzoso del Estado, sin recibir nada a cambio. Es una fórmula peligrosa que combina irresponsabilidad fiscal con oportunismo político, a costa del tejido empresarial del país”, concluyó Cabal.