La empresa estatal Ecopetrol emitió un comunicado en el que defendió su actuación frente a las recientes críticas por la firma de un contrato con la firma legal estadounidense Covington & Burling LLP.
Según la compañía, la contratación hacía parte de un esquema de asesoría externa con el que viene operando desde que ingresó a la Bolsa de Nueva York en 2008.
“Ha sido rigurosa y oportuna en la publicación de toda la información relevante de interés del mercado y de la opinión pública”, señaló la empresa, en medio de las crecientes presiones por esclarecer los detalles del acuerdo suscrito el 29 de agosto de 2024. Lea: Renuncia Mónica de Greiff tras escándalo: ¿crisis interna en Ecopetrol?
De acuerdo con el pronunciamiento, Ecopetrol mantiene desde hace más de una década un “sistema de control interno y actividades de debida diligencia, apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos”, con el propósito de atender adecuadamente los requerimientos normativos de ese país. En esa línea, la firma Covington & Burling LLP fue contratada para realizar análisis relacionados con autoridades estadounidenses.
Junta Directiva no fue consultada sobre ampliación del contrato
En el documento, Ecopetrol aclaró que el presidente Ricardo Roca no tuvo participación en el proceso de contratación inicial y que el objetivo era ofrecer respaldo legal calificado a la Junta Directiva. Sin embargo, la controversia se desató luego de que medios revelaran la existencia de un otrosí que aumentaba el valor del contrato original, situación que la petrolera no negó, pero aseguró que ni la Junta Directiva ni el Comité de Auditoría fueron informados o consultados al respecto.
Aunque la empresa no especificó quién dio la orden de modificar el contrato, confirmó que la decisión fue suspendida y sometida a un proceso de auditoría e investigación. “Se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan”, aseguró la compañía, sin entregar detalles adicionales.
Ecopetrol también enfatizó su compromiso con la colaboración institucional. “La Empresa colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional”, agregó.
No obstante, el comunicado evitó pronunciarse sobre las denuncias de supuestas “interferencias” que habrían afectado a algunos directivos, hecho que generó molestias en la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió explicaciones públicas.
“La transparencia y la defensa del patrimonio público son prioridades de la Junta Directiva, en línea con los principios de buen gobierno corporativo”, concluyó la estatal petrolera, en un intento por contener el impacto reputacional que ha generado el escándalo.