El presidente Gustavo Petro defendió este lunes su derecho constitucional a convocar una consulta popular, luego de que el Senado no se pronunciara formalmente sobre la iniciativa del Gobierno.
La postura del mandatario se conoce tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que la Cámara Alta no cumplió con el procedimiento que establece la Ley 5ª en relación con este tipo de mecanismos de participación ciudadana. Lea: Confirman que votación de la consulta popular fue legal
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que la normativa vigente respalda su decisión en caso de inacción legislativa: “La ley es clara en establecer explícitamente, que si el Senado no se pronuncia con un concepto favorable o no, sobre la consulta popular, el Presidente puede decretar la consulta. Al Presidente elegido por los colombianos no se le puede quitar sus derechos legales y constitucionales”.
Tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo escala tras advertencia de Benedetti
Horas antes, Benedetti había planteado que, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 5ª —el reglamento interno del Congreso—, el trámite para votar una consulta popular exige que primero se dé lectura a la proposición en el recinto y luego se convoque a los congresistas para que se pronuncien mediante votación.
Según su interpretación, ese procedimiento no se llevó a cabo, por lo cual, argumentó, “tengo la razón para decir hoy que el Senado no se ha pronunciado”. Además, fijó como plazo límite el 1 de junio para que la corporación adopte una decisión formal sobre la consulta.
Estas afirmaciones generaron una respuesta inmediata del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien rechazó la posibilidad de que Petro expida un decreto convocando la consulta sin el aval del Congreso. Cepeda anunció que, de concretarse esa vía, acudirán a los tribunales: “Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”.
El Partido Conservador también se sumó a las críticas al Ejecutivo, al considerar que la lectura de la ley hecha por Benedetti constituye un riesgo institucional. “No cederemos ante amenazas ni permitiremos que se vulnere la voluntad soberana del Senado. Desconocer esta decisión sería no solo un atropello a la democracia, sino un intento de golpe de Estado que los colombianos no toleraremos”, expresó esa colectividad en un comunicado.
Mientras se desata esta nueva controversia entre poderes, en la Comisión Cuarta del Senado avanzaba el estudio de la reforma laboral, donde se discutía la ponencia mayoritaria del Gobierno, y fue archivada la alternativa propuesta por la senadora Aida Avella.
Desde el Ejecutivo, Petro reiteró su llamado a respetar el espíritu de la Carta Magna: “Espero de las instituciones públicas abrirse a esta nueva fase de la historia de Colombia, que no es más que aplicar a fondo la Constitución de 1991”.
Así mismo, pidió a los empleadores permitir la participación ciudadana en las manifestaciones convocadas para el martes. “Llamo a toda la ciudadanía a la paz y la convivencia. Los negocios particulares deben dejar salir a las y los trabajadores que deseen libremente sumarse al paro, dejarlos ir sin represalias y a los manifestantes no agredir ni los bienes públicos, ni a la fuerza pública, que cuidará de sus derechos y de toda la ciudadanía”, concluyó.