El representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, rechazó este lunes las acusaciones que lo vinculan con un presunto uso irregular de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), luego de que el Consejo de Estado admitiera una nueva demanda de pérdida de investidura en su contra.
En una declaración pública, el congresista aseguró que las imputaciones son “falsas” y denunció una supuesta intención de afectar el avance de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno nacional.
La demanda fue asignada al magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también estudia un expediente anterior contra Racero por hechos similares. La alta corte busca determinar si existió una utilización indebida de recursos públicos, al analizar la posible participación de un miembro de su UTL en actividades privadas relacionadas con un negocio de frutas que el congresista habría tenido entre 2020 y 2021. Lea: Revelan audios de Racero sobre supuestos favores en entidad estatal, se defiende
“Colombianas y colombianos, la reforma laboral y todas las reformas del cambio están por encima de cualquier congresista”, declaró Racero, quien reiteró que su familia, durante la pandemia, operó un pequeño emprendimiento que ya fue liquidado. El parlamentario calificó de “sarta de mentiras” los señalamientos sobre el supuesto uso de su vehículo oficial para distribuir productos del negocio.
Audios y mensajes, entre las pruebas del expediente
El expediente que estudia el Consejo de Estado incluye como prueba una investigación periodística que reveló supuestas conversaciones entre Racero y uno de sus asistentes sobre temas relacionados con un local comercial ubicado en el barrio Villa Luz, al occidente de Bogotá. También se menciona un audio del conductor del congresista en el que haría referencia a la operación de dicho establecimiento.
Según la demanda, uno de los colaboradores de Racero habría cumplido tareas asociadas al funcionamiento del negocio, lo que implicaría el uso de personal pagado con fondos públicos en actividades privadas, una situación que podría dar lugar a la pérdida de investidura.
El representante, por su parte, denunció que las acusaciones tendrían como propósito deslegitimar su imagen para obstaculizar reformas clave del Gobierno, entre ellas la reforma laboral y la consulta popular. “Cualquier cuestionamiento que se me haga a título personal no puede ser utilizado para atacar ni al presidente Petro, ni al Pacto Histórico, ni a quienes han defendido esta causa”, afirmó.
Además, mencionó a las congresistas María José Pizarro, Aída Avella y María Fernanda Carrascal, así como a la ministra encargada de Comercio, Cielo Rusinque, como figuras que han liderado la reforma laboral. Según Racero, existe un patrón de ataques “contra figuras del proyecto político del Gobierno”, sustentado en “supuestas comunicaciones privadas” de origen anónimo y presuntas interceptaciones ilegales.
“Invito a los ciudadanos que creen en este proyecto a no permitir que se desvíe el debate fundamental para este país”, añadió en su intervención.
Procuraduría también abrió indagación preliminar
A la par del proceso en el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación previa contra Racero por presuntas irregularidades en la asignación de cargos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
La indagación se originó a raíz de un reportaje de W Radio que publicó audios y mensajes en los que el congresista, presuntamente, conversa con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, sobre la entrega de puestos a personas cercanas a su equipo político. Le puede interesar: Revelan audios que exponen a David Racero en presunto doble juego
En los audios, se mencionan posibles recomendaciones para contratos, nombres de allegados al congresista y solicitudes para reservar cargos destinados a aliados políticos.
El Ministerio Público ordenó la recolección de las grabaciones, imágenes y otros registros mencionados en el reportaje para determinar si hubo una falta disciplinaria por parte del representante.
Mientras avanzan las investigaciones, tanto en el ámbito judicial como disciplinario, Racero insistió en que su compromiso está con el impulso de las reformas del Gobierno y aseguró que responderá ante las autoridades competentes.