La Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de la República que se apruebe el preacuerdo alcanzado con Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco del escándalo de corrupción que sacude a esa entidad.
De ser aceptado por el juez de conocimiento, Barreto sería condenado a una pena de tres años, siete meses y trece días de prisión. El preacuerdo también contempla el reintegro de $150 millones al Estado, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en los delitos de peculado y soborno. Además, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales. Lea: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, se declaró inocente por caso Ungrd
“Organización criminal” dentro de la UNGRD
La Fiscalía sostiene que Barreto jugó un rol relevante en el direccionamiento de contratos por $94 mil millones, recursos provenientes de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Parte de esos dineros, más de $12.000 millones, habrían sido apropiados en favor de terceros.
“El caso involucra la existencia de una ‘organización criminal’, como lo denomina la Fiscalía, que se habría aprovechado de declaratorias de desastre nacional y calamidad pública para repartir contratos a cambio de coimas”, según se expuso en las diligencias judiciales.
En la cima de esa estructura estaban Olmedo López, entonces director de la UNGRD, y su subdirector Sneyder Pinilla. Los contratos, según la investigación, terminaron principalmente en manos de Luis Eduardo López, alias “El pastuso”, quien estaría vinculado a más de 30 empresas, entre ellas Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., ya todas objeto de imputación.
Barreto fue considerado un testigo clave en el entramado y por esa razón ya se había autorizado un principio de oportunidad en su favor.
Durante la indagación se identificaron irregularidades en al menos 20 contratos, varios de ellos relacionados con la adquisición, compra y alquiler de carrotanques. Posteriormente, se detectaron nuevas anomalías, entre ellas, las cometidas en un convenio para el suministro de tanques plásticos de 5.000 litros para almacenamiento de agua en La Guajira, donde se habrían exigido pagos ilícitos para su ejecución.
Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 25 de septiembre de 2023, cuando Olmedo López, Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, entonces director de Función Pública, se reunieron en las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras con Gerardo Vega, quien fungía como director de esa entidad, y varios de sus asesores. Según la Fiscalía, en ese encuentro se acordó modificar un convenio clave, lo que implicó una reducción de $100.000 millones en su valor original.