Un error de procedimiento podría costarle al Gobierno la validez de uno de los decretos con los que buscaba atender la crisis humanitaria en el Catatumbo. La Corte Constitucional estudia la posible nulidad del decreto 135 del 5 de febrero de 2025, expedido en el marco de la declaratoria de conmoción interior, tras detectarse inconsistencias en las firmas de los ministros que lo respaldaron.
La normativa exige que todo decreto legislativo emitido bajo un estado de excepción lleve la firma de los ministros en funciones al momento de su expedición. Sin embargo, en este caso específico, aparecen rúbricas de funcionarios que, para la fecha, no estaban ejerciendo el cargo. Lea: Gustavo Petro, entre los presidentes peor valorados en Sudamérica
Según reveló La Silla Vacía y confirmó El Colombiano con fuentes cercanas al alto tribunal, “el decreto 135 del 5 de febrero de 2025 tiene firmas de ministros que no estaban ese día en el cargo”. En particular, se señala la firma de Polibio Leandro Rosales como ministro encargado de Agricultura, cuando ya la titular, Martha Carvajalino, había retomado sus funciones. Así mismo, aparece la firma de Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, pese a que se encontraba en licencia ese mismo día.
El error de forma que pone en jaque una medida clave
Esta aparente falta de rigurosidad administrativa —sin que se haya precisado aún si la omisión se dio en el Ministerio de Hacienda o en la Secretaría Jurídica de la Presidencia— podría derivar en la anulación del decreto por una falla de procedimiento. Como lo explican expertos en derecho constitucional, estos errores, aunque sean de forma y no de fondo, bastan para invalidar una norma expedida en el marco de un estado de excepción.
“El decreto no pasa el examen básico”, señala una fuente del proceso. Aunque el contenido del documento no ha sido cuestionado por inconstitucionalidad sustantiva, la sola irregularidad en las firmas podría llevar a su caída, lo que representa un revés para las medidas adoptadas en la región del Catatumbo.
El impacto de este posible fallo no es menor. La vigencia del decreto ha permitido al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y a los alcaldes de municipios del Catatumbo, movilizar recursos para enfrentar la grave crisis humanitaria causada por el conflicto entre el ELN y disidencias de las Farc. De anularse, se frenaría la posibilidad de actuar con urgencia frente a una situación que ya deja más de 60.000 personas desplazadas y al menos 100 asesinadas en lo corrido del año.
Cabe recordar que el pasado 24 de enero el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en departamentos como Norte de Santander y Cesar, para enfrentar la violencia creciente.
A finales de abril, la Corte Constitucional declaró ajustada parcialmente a la Carta Política esta declaratoria. La decisión fue respaldada por seis magistrados: Cristina Pardo Schlesinger, Natalia Ángel Cabo, Diana Fajardo Rivera, Juan Carlos Cortés González, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.
Aunque el alto tribunal validó la mayoría de medidas adoptadas por el Gobierno en este contexto, advirtió que se requerían correcciones. Ahora, el decreto 135 se convierte en un nuevo foco de revisión, no por su contenido, sino por una falla procedimental que pone en entredicho su validez.