La Alianza Verde decidió suspender la militancia de Iván Name y Sandra Ortiz, luego de que ambos fueran vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y tras la captura del exsenador por orden de la Corte Suprema de Justicia.

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El UniversalName, expresidente del Senado, fue detenido el miércoles 8 de mayo y trasladado esa misma noche a la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte lo investiga por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, relacionados con el supuesto manejo irregular de recursos para influir en decisiones legislativas a favor del gobierno nacional. Lea: Iván Name ingresó a La Picota con maleta en mano tras ser capturado
Partido reacciona tras avances judiciales
Ante estos hechos, la Dirección Nacional del partido anunció este martes la suspensión de ambos militantes. En el caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, también fue señalada por su presunta participación en el mismo entramado de corrupción.
El partido fue enfático en señalar que “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción, ni actúa como cómplice de quienes incurran en conductas contrarias a la ética”, al tiempo que recordó que el proceso disciplinario interno contra ambos comenzó el 3 de mayo de 2024, cuando fueron denunciados ante el Consejo de Control Ético de la colectividad.
La Alianza Verde consideró que la reciente captura de Name validó las decisiones anticipadas: “ratificó la pertinencia de las acciones preventivas adoptadas por el partido”.
Además, la organización política reconoció “la contundencia del proceso penal en curso” y aseguró que permanecerá atenta a los fallos judiciales y a las conclusiones que emita el Consejo de Control Ético.
“Al Partido Alianza Verde no lo definen las individualidades. Hay una esencia verde, de transformación cívica y ética que nos distingue como colectividad y sigue siendo un común denominador entre quienes la integran. Seguiremos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción”, concluyó el comunicado.
Según las investigaciones, tanto Name como Ortiz estarían involucrados en el presunto desvío de $3.000 millones, recursos que habrían sido ofrecidos a legisladores para asegurar respaldo a proyectos del Ejecutivo en el Congreso.