La Procuraduría General de la Nación alertó que las medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa no fueron “oportunas” ni “suficientes” para proteger a la Fuerza Pública frente al llamado ‘Plan Pistola’ ejecutado, según las autoridades, por el Clan del Golfo.
En un exhorto dirigido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Ministerio Público señaló que pese a las acciones desplegadas por la cartera de Defensa, persiste la violencia contra uniformados. Entre el 15 y el 29 de abril se registraron 19 homicidios: 15 policías y 4 soldados. Además, se reportó un atentado con un uniformado herido.
El informe de la Procuraduría, con base en datos oficiales y fuentes periodísticas, advirtió que la cifra de víctimas podría ser mayor. Reportes de prensa indican entre 211 y 272 personas afectadas por estos hechos, incluyendo secuestros y ataques armados en departamentos no contemplados inicialmente, como Tolima y La Guajira.
Aunque el Ministerio expuso acciones como controles administrativos (boletas de salida, alertas tempranas) y operativos (patrullajes conjuntos, trabajo de inteligencia), la Procuraduría concluyó que dichas estrategias no se aplicaron con la celeridad ni el alcance necesario para prevenir los hechos.
Por esta razón, solicitó al ministro Sánchez una revisión urgente de las estrategias actuales y exigió que en un plazo máximo de tres días se entregue un nuevo Plan de Acción con medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad del personal de la Fuerza Pública.
La comunicación fue emitida por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de su labor de control preventivo sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado.
En su análisis, la entidad destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de quienes cumplen funciones de seguridad en contextos de alto riesgo.
La Procuraduría también recordó al Ministerio su obligación de garantizar entornos seguros para los uniformados y advirtió que continuará haciendo seguimiento a las respuestas institucionales frente a estas amenazas.
El órgano de control había pedido el pasado 28 de abril explicaciones al ministro Sánchez por la ola de violencia contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país y por el alcance del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, con el que se ordenó suspender acciones militares y policiales contra algunos grupos armados organizados.
La Procuraduría solicitó al ministro informar si el cese de operaciones afecta la protección de la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil.
También pidió aclarar si las instrucciones impartidas en el decreto excluyen la posibilidad de actuar en caso de que estos grupos atenten contra la ciudadanía o los uniformados.