Iván Name Vásquez, expresidente del Senado de la República, fue trasladado la noche del jueves 8 de mayo a la cárcel La Picota de Bogotá, luego de ser capturado por la Policía tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia.
El dirigente político, de 67 años y perteneciente al partido Alianza Verde, enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, en el marco del escándalo que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Lea: La silla vacía de Name: ¿un respiro para el gobierno de Petro?
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) divulgó imágenes del momento en que el senador barranquillero llegó al centro penitenciario, vestido de traje y con una maleta, acompañado por miembros de la fuerza pública y recibido por funcionarios carcelarios.
Name es señalado de haber recibido $3.000 millones, presuntamente a cambio de respaldar proyectos legislativos impulsados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El caso hace parte de una trama de corrupción en la que también estarían implicados otros congresistas y exfuncionarios del Estado.
Fiscalía también imputó cargos a exasesora del Ministerio de Hacienda
Junto a Name, el nombre del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, también aparece en el expediente. Según los investigadores, Calle habría recibido $1.000 millones con el mismo propósito: apoyar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.
Este jueves, la Fiscalía General de la Nación imputó a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
De acuerdo con las autoridades, Benavides habría facilitado la aprobación de proyectos contractuales relacionados con congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el objetivo de que estos apoyaran operaciones de crédito presentadas por la cartera ante el Legislativo durante 2024.
“Los senadores y representantes relacionaron contratos de obra en Cotorra (Córdoba), por valor de 44.552 millones de pesos; Saravena (Arauca), por 32.500 millones de pesos; y en el corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar (Bolívar), por 12.353 millones de pesos”, señaló el ente investigador.
La Fiscalía también reveló que Benavides habría asistido a una reunión clave, en la que se solicitó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, hoy recluido, “tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios”.