El exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, del Partido Liberal, ya se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, tras entregarse de manera voluntaria a las autoridades luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción que compromete a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Calle, quien llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes, fue señalado por los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla como beneficiario de una presunta entrega de $1.000 millones para apoyar reformas del Gobierno nacional en el Congreso.
La Corte lo investiga por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, luego de evaluar el testimonio de los exdirectivos y otros elementos probatorios entregados por la Fiscalía. Lea: Iván Name ingresó a La Picota con maleta en mano tras ser capturado
Congresistas involucrados en red de corrupción
El caso también salpica al exsenador Iván Name, expresidente del Senado, capturado el mismo día en que se ejecutó la orden judicial contra Calle. Ambos son señalados de haber recibido elevadas sumas de dinero, presuntamente derivadas del cuestionado contrato de compra de carrotanques en la UNGRD, en medio de un entramado que habría utilizado recursos públicos para asegurar respaldo político en el Legislativo.
La Corte determinó imponer medida de aseguramiento intramural a los dos congresistas y ordenó su suspensión inmediata de funciones como legisladores. “Existen elementos suficientes para procesarlos penalmente por cohecho impropio, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación ilegal de campañas políticas”, indicó el alto tribunal en su decisión.
La defensa de Andrés Calle, encabezada por el abogado Billie Torres, solicitó que su cliente pudiera enfrentar el proceso en libertad, alegando que ha acudido de forma voluntaria a todas las diligencias judiciales y que no representa un peligro para el desarrollo de la investigación.
Así mismo, cuestionó la validez de las declaraciones que lo vinculan: “Los testimonios carecen de credibilidad y han sido desmentidos por otros implicados, como el contratista Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, quienes negaron tener relación con Calle o conocimiento de actos irregulares”.
Sin embargo, la Sala de Instrucción de la Corte no acogió esa solicitud. Consideró que existen méritos suficientes para ordenar su reclusión en un centro penitenciario mientras se esclarece su situación jurídica.
La decisión de la Corte no solo impacta directamente a dos congresistas en ejercicio, sino que también marca un precedente en el proceso judicial por el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la UNGRD.
El caso continúa su curso con el análisis de nuevas pruebas y testimonios que podrían ampliar el número de implicados en el entramado, que incluye exfuncionarios, contratistas y posibles intermediarios en la entrega de sobornos.