El caso de Freddy Castellanos, acusado de abusar de varios menores en su rol de profesor en el Hogar Infantil Canadá, ubicado en Bogotá, ha desatado una ola de indignación en el país.
Según la denuncia, varios niños de entre dos y tres años fueron víctimas del abuso durante su estancia en la institución, una situación que pone de manifiesto importantes deficiencias en los protocolos de seguridad del ICBF, encargada de velar por la protección de los menores en Colombia.
El caso ha dejado al descubierto cómo un hombre con antecedentes laborales previos, que debería haber sido sometido a una revisión rigurosa, logró ingresar a una institución donde se encargaba del cuidado de menores. Lea: A la cárcel docente acusado de abuso sexual a niños en hogar del ICBF
Aunque no se ha confirmado que hubiera otros incidentes similares en sus anteriores empleos, existen señales de advertencia que pudieron haberse detectado a tiempo. En sus redes sociales, Castellanos publicaba mensajes de contenido explícito que deberían haber levantado alertas sobre su idoneidad para trabajar con niños.
Preocupación por la falta de controles en la contratación
La exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, se ha pronunciado al respecto, señalando que este caso pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar los sistemas de control dentro de la institución.
“Aunque el ICBF argumenta que no pueden instalarse cámaras en los cuartos por respeto a la intimidad, debe hacerse una ponderación de derechos: en contextos de riesgo, la seguridad de los niños está por encima. Debe haber cámaras en todos los espacios, incluso en los baños (sin enfocar duchas o sanitarios), para saber quién entra y sale. No es posible que una cuidadora esté en todas partes. Por eso debe haber personal monitoreando cámaras en tiempo real”, enfatizó Plazas.
Plazas también aboga por la implementación de pruebas psicológicas más rigurosas para los trabajadores encargados de cuidar a los niños. “Todas las personas que accedan a cargos de cuidado infantil deberían presentar la prueba CUIDA. No es suficiente, pero es un primer filtro. Además, Colombia debe desarrollar herramientas propias para detectar tendencias pedófilas o conductas de riesgo. No podemos seguir improvisando con la seguridad de los niños”, agregó.
Medidas propuestas y críticas a la respuesta institucional
El ICBF ha anunciado varias medidas en respuesta al caso, que incluyen la activación de un protocolo específico para la atención a víctimas de violencia sexual, la progresiva aplicación de pruebas de personalidad a los empleados y un fortalecimiento del control social. Sin embargo, Plazas sostiene que el problema de la violencia infantil en Colombia va más allá de las deficiencias administrativas y requiere un cambio cultural más profundo.
“Hay que transformar las relaciones humanas: pasar del control y el poder, al respeto y el cuidado. Invito a la Defensora del Pueblo a convocar una gran mesa nacional, una mesa con la sociedad civil, las ONG, la academia, los alcaldes, los gobernadores y el Estado; y que no se levanten hasta que haya un plan serio, con metas claras, tiempos definidos y los recursos necesarios”, concluyó la exdirectora.
Descubrimiento de los abusos: el testimonio de una madre
La alarma sobre los abusos comenzó cuando una madre de familia, Margie Espinel, detectó cambios en el comportamiento de su hija, quien asistía al Hogar Infantil Canadá.
Espinel, residente en el barrio Buenos Aires de Bogotá, notó que su hija, antes alegre, comenzó a manifestar conductas extrañas como negarse a asistir al jardín y hacer pataletas más intensas. Lo que inicialmente parecía una simple actitud rebelde, resultó ser una señal de abuso.
El 28 de abril, la niña le confesó a su madre entre lágrimas que su profesor, Freddy Castellanos, le daba besos en la boca y tocaba sus partes íntimas. “Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija. La conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, relató Espinel en una entrevista.
A partir de ese momento, Espinel activó el protocolo de abuso sexual al contactar a la policía, quienes la remitieron al hospital San Blas para realizar las pruebas pertinentes. Los exámenes confirmaron que la niña había sido víctima de abuso. La madre, decidida a luchar por justicia, se enfrentó directamente a Castellanos. Aunque el agresor intentó huir, Espinel lo alcanzó y lo denunció públicamente, exigiendo que fuera detenido.