En el marco de sus primeros 100 días como ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia lideró este jueves 8 de mayo un encuentro en la sede de la Cancillería con más de un centenar de colombianos que fueron repatriados desde Estados Unidos.
El evento, que incluyó un almuerzo, sirvió como espacio para escuchar testimonios y hacer un balance de las acciones del Gobierno frente al retorno de connacionales deportados en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica.
Sarabia aseguró que el Gobierno ha cumplido con los lineamientos del presidente Gustavo Petro y destacó la realización de 22 vuelos humanitarios con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas operaciones, explicó, han permitido el regreso de más de 2.200 personas en los últimos meses. La mayoría de los viajes han tenido una frecuencia de dos por semana. Lea: EE. UU. lanza advertencia a Petro por su acercamiento con China
“Hay un compromiso y vamos a seguir enviando los vuelos por los connacionales, acatando la instrucción del presidente en estos 100 días. Hemos hecho malabares financieros, pero seguiremos enviando vuelos humanitarios”, afirmó Sarabia durante su intervención.
Retorno en medio de dificultades
Durante la jornada, varios de los repatriados compartieron sus experiencias. Coincidieron en que la falta de oportunidades económicas en Colombia fue uno de los factores que los llevó a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Algunos relataron que, pese a los riesgos, optaron por emprender el viaje hacia Estados Unidos con la esperanza de encontrar empleo y estabilidad.
La canciller Sarabia sostuvo que las repatriaciones han implicado esfuerzos significativos desde el punto de vista logístico y presupuestal. No obstante, subrayó que la decisión de mantener estos vuelos responde a un compromiso institucional y humano.
“Ha valido el sacrificio, las conversaciones con Estados Unidos y con todas las entidades que han aportado su granito de arena”, añadió.
El encuentro contó con la presencia de representantes de organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, así como delegados del Ministerio de Trabajo, Salud, Prosperidad Social, la Alcaldía de Bogotá, el Sena y la Defensoría del Pueblo.