En medio de un nuevo pronunciamiento sobre la escalada de violencia en el país, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno evaluará el contrato de administración del aeropuerto El Dorado de Bogotá, al considerar que el incremento de los delitos en la capital tiene conexión directa con el uso de esta terminal aérea para actividades criminales.
Durante un consejo de ministros transmitido por el Canal Institucional, el mandatario afirmó que “los puertos deben tener otra administración, porque han sido coptados por narcotraficantes y su otra cara que son los contrabandistas”. En ese contexto, señaló que la revisión contractual del aeropuerto más importante del país no es un asunto menor, pero resulta necesario. Lea: “Se intenta desaparecer al Presidente”: alerta Gustavo Petro
“Yo me atrevería a extender esto hasta el puerto más importante que es Bogotá, porque el aeropuerto de Bogotá hace las veces de una frontera y el incremento del homicidio en Bogotá tiene que ver con un incremento de las actividades ilícitas usando el aeropuerto, entonces el aeropuerto de Bogotá debería ser examinado a la luz de sus contratos vigentes, un tema difícil pero hay que hacerlo”, advirtió el presidente.
Gobierno cuestiona sistema de control en puertos y fronteras
Petro también fue enfático en su crítica al actual modelo de vigilancia en terminales de carga y pasajeros, indicando que las instituciones encargadas del control no están cumpliendo con su función. “La Superintendencia de Transporte tiene que cambiar, porque no hace nada”, dijo, y cuestionó la labor conjunta entre la Policía y la DIAN en las zonas portuarias y fronterizas, a las que calificó como espacios “abandonados” por el Estado.
En esa línea, el presidente anunció que su administración prepara un proyecto de ley con el que se buscará modificar la estructura de gestión portuaria en el país. “La decisión que tengo es cambiar totalmente la administración de puertos, incluso con proyecto de ley”, sostuvo.
Finalmente, Petro informó que el gobierno nacional intervendrá en las zonas fronterizas con una acción directa de carácter civil, como parte de una estrategia para recuperar el control de estos territorios estratégicos en la lucha contra el crimen organizado.