La Sala Plena de la Corte Constitucional se alista para discutir este martes la ponencia que busca declarar inconstitucional el decreto 062 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y municipios aledaños.
La propuesta fue elaborada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, vicepresidenta del alto tribunal, y sugiere que la situación de orden público en esta zona del país no justifica la adopción de medidas excepcionales.
El decreto en cuestión fue expedido el 24 de enero de 2025, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, como respuesta a la escalada de violencia registrada en el Catatumbo, Norte de Santander, y algunos municipios del departamento del Cesar. Lea: Procuraduría pide mantener decreto de conmoción interior en Catatumbo
La confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC motivó al Ejecutivo a declarar el estado de conmoción interior, instrumento que permite adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden público, por un periodo inicial de 90 días.
Sin embargo, la ponencia de Meneses plantea que, si bien la crisis en la región es grave, responde a problemáticas estructurales de larga data y no a una perturbación súbita del orden público, como exige la Constitución para la declaratoria de estados de excepción.
En contraste, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto favorable al decreto, argumentando que los hechos violentos afectan la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, y que las acciones del Gobierno son proporcionales a la gravedad de la situación.
El debate en la Corte se llevará a cabo sin la audiencia pública solicitada por el presidente Petro. Meneses resolvió “abstenerse de solicitar a la Sala Plena de la Corte Constitucional la celebración de audiencia pública en el proceso con radicado RE-361”, considerando que no era necesario realizar esta etapa procesal para adelantar el estudio del decreto.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse a más tardar el próximo 5 de mayo, fecha en que vence el plazo máximo de vigencia del estado de conmoción interior establecido por la Carta Magna.
Petro advierte que anular el decreto dejaría indefensa la región
Ante la inminente discusión en el alto tribunal, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia pública sobre las consecuencias que, en su criterio, tendría la anulación del decreto de conmoción interior en el Catatumbo.
A través de su cuenta de X, el mandatario cuestionó los posibles efectos de una decisión de inconstitucionalidad: “¿Si se caen los decretos que sustentan la financiación de la acción militar en el Catatumbo, dejan indefensa la zona?”, señaló.
Petro explicó que la financiación de las operaciones militares en la región proviene de recursos generados a través de tasas impuestas a empresas de juegos de suerte y azar en línea, así como a compañías petroleras, mediante decretos de conmoción interior. En ese sentido, advirtió que, de tumbarse estas medidas, los más afectados serían los habitantes de la región.
“El financiamiento de esta operación se genera con las tasas colocadas por empresas de juegos de suerte y azar en línea y a las petroleras por decreto de conmoción”, precisó el jefe de Estado. Así mismo, agregó que, de declararse la inconstitucionalidad, “los dueños de esas empresas reirán y llorarán” mientras “centenares de miles de campesinos del Catatumbo quedarán sin protección”.
El mandatario también hizo un llamado directo a los magistrados de la Corte, recordándoles que “el Estado tiene el fin esencial de garantizar los derechos de la ciudadanía. No se puede eludir este principio”.