La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negó la solicitud de la Presidencia de la República para transmitir contenidos relacionados con la Consulta Popular prevista para el 1 de mayo, al considerar que estos no cumplen con los fines establecidos para los Espacios Institucionales en la televisión abierta.
Según explicó la entidad, su función es verificar que los materiales solicitados se ajusten a la normativa vigente, estipulada en la Resolución 5050 de 2016 y la Ley 182 de 1995, que regulan la televisión pública en Colombia.
“Estos espacios deben destinarse exclusivamente a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de funciones propias de las entidades del Estado, así como para promover la unidad familiar, el civismo, la educación, los derechos humanos, la cultura y, en general, orientados a la divulgación de los fines y principios del Estado”, indicó la Comisión. Lea: Consulta popular: estas son las preguntas que propone el Gobierno Petro
La solicitud, enviada por la Presidencia el pasado 24 de abril bajo el título “1 de mayo, consulta popular”, fue revisada y finalmente no autorizada. De acuerdo con la CRC, los contenidos presentados no cumplían con los objetivos exigidos para este tipo de espacios.
La entidad aclaró que su decisión “se fundamenta en el cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes y no constituye un acto de censura”. Así mismo, recordó que no interviene en expresiones políticas ni limita manifestaciones difundidas a través de otros medios, donde prima el derecho a la libertad de expresión.
CRC recomendó separar la información en dos piezas
En un intento de colaboración, el 25 de abril la CRC recomendó a la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia separar el material en dos piezas diferentes: una destinada a invitar a la ciudadanía a la marcha del Día del Trabajo y otra enfocada en la socialización pedagógica sobre el mecanismo de Consulta Popular que se radicará en el Senado.
Desde agosto de 2022, la Comisión ha tramitado y autorizado 68 espacios institucionales solicitados por la Presidencia que cumplían con la normativa, además de múltiples solicitudes presentadas por otras entidades del Gobierno Nacional.