Este miércoles 23 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó oficialmente las leyes Ángel y Lorenzo, durante un evento realizado en la Casa de Nariño. Estas normativas, impulsadas por la senadora Andrea Padilla Villarraga, buscan fortalecer la protección y el bienestar de los animales en Colombia.
En el evento, que fue calificado como un momento histórico para los derechos de los animales en Colombia, Gustavo Petro hizo una intervención destacando la importancia de estas dos leyes: “Este tema de cuidar a los animales y sancionar el maltrato tiene que ver con cuidar la vida y proyectarla. Nuestra política es simple: proteger la vida”.

Sobre la Ley Ángel
Esta ley actualizó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y reforzará las penas por maltrato animal. Desde 2016, en Colombia se han presentado más de 15.500 denuncias por maltrato, pero apenas el 1,4 % ha terminado en condenas.
El nombre de la ley honra a Ángel, un perro víctima de un caso extremo de crueldad ocurrido en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá. Ángel fue encontrado con el 80 % de su cuerpo despellejado y, pese a los esfuerzos de la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de 2025. Su historia conmovió al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal. Lea: Aprueban ‘Ley Ángel’ que fortalece lucha contra el maltrato animal en Colombia
Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de 4 años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables.

También aumentarán las multas: pasarán de 5 a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte. Además, se establecerán penas accesorias como la prohibición de tener animales hasta por el doble del tiempo de la condena, la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas, a cargo de la Fiscalía y la Policía.
Sobre la Ley Lorenzo
El Gobierno promueve con esta ley el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir progresivamente a los perros utilizados en vigilancia privada, al tiempo que garantizará mejores condiciones de bienestar para los que continúan prestando servicio.
La iniciativa se radicó en 2023 tras denuncias sobre el trato indebido a perros usados en seguridad. El caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en el centro comercial Andino de Bogotá, inspiró esta ley y provocó una profunda reacción en la opinión pública.
La norma le asignará al Ministerio TIC la responsabilidad de desarrollar tecnologías que reemplacen gradualmente a los perros en tareas de defensa controlada. También fijará altos estándares de bienestar, como tiempos mínimos de descanso y esparcimiento, caniles adecuados con ventilación, luz, zona blanda y confort térmico, alimentación de calidad y protección ante el clima. Lea también: Más de 50 perros abandonados en casa del Barrio España, vecinos alertan
Además, reducirá la edad máxima para el uso de perros de 8 a 6 años, exigirá la esterilización desde los 6 meses y obligará a las empresas a adoptar planes de retiro para los animales una vez concluida su vida laboral.
Las empresas deberán instalar cámaras de vigilancia en caniles y puestos de trabajo, y se creará un registro nacional de perros de vigilancia y seguridad privada, con el fin de hacer seguimiento a su historial y estado.