A menos de dos semanas de que el presidente Gustavo Petro radique formalmente ante el Congreso el proyecto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, en el Senado de la República comienza a configurarse un complejo escenario de decisiones políticas que podrían definir el rumbo de la propuesta.
El documento, que según lo anunciado por el jefe de Estado será presentado el próximo primero de mayo, deberá superar su primer filtro en la plenaria del Senado, donde más de cien congresistas tendrán en sus manos la aprobación o el hundimiento de la consulta. Si bien el trámite legislativo aún no arranca, ya se vislumbran las tensiones entre los partidos y las razones que pesarán en la votación. Lea: Consulta popular: estas son las preguntas que propone el Gobierno Petro
Por ahora, el gobierno cuenta con el respaldo sólido del Pacto Histórico, algunos sectores del Partido Verde, la bancada indígena y el partido Comunes. Sin embargo, ese apoyo no le garantiza la mayoría. En contraposición, los partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical han dejado clara su negativa a respaldar la consulta. A ellos se suma el Partido Conservador, que si bien es independiente, también ha manifestado su desacuerdo con la propuesta.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que no es partidario de aprobar la convocatoria a las urnas. “Con todos los sectores debemos tratar de concertar esos proyectos, de ajustarlos con algunas de estas preguntas, de desechar otras y nos evitamos la plata y la polarización nacional”, afirmó el congresista, quien insistió en que el país debe priorizar “la educación, la salud, que está tan deteriorada, tantos temas de la vida nacional”.
La incertidumbre gira en torno a las posiciones que asumirán colectividades como el Partido Liberal y el Partido de la U, cuyas bancadas se encuentran divididas frente al apoyo o rechazo a la iniciativa. Algo similar ocurre con los partidos cristianos, que han mostrado mayor cercanía con el bloque opositor.
En este panorama, la presión de la ciudadanía y la estrategia del gobierno para impulsar la consulta se convierten en factores decisivos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que buscará abrir espacios de diálogo con las bancadas para convencerlas de respaldar la propuesta.
A su vez, el senador liberal Alejandro Chacón advirtió sobre los límites del Ejecutivo en el manejo del debate. “No puede incitar, basado en el descontento social, a que la respuesta incite a una marcación afirmativa de algún ciudadano, porque violaría la libertad del elector y del voto, que es lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado”, manifestó.
Por el lado del oficialismo, la senadora María José Pizarro defendió la consulta como un mecanismo democrático válido. “Demos la discusión sobre el presupuesto, pero la discusión empieza por el hundimiento de la ley de financiamiento que permitía una situación fiscal diferente”, expresó.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia reiteró su rechazo a la propuesta. “Esperaría que la consulta no se avale, porque no mejora la reforma laboral, esa reforma es mala y después de 700.000 millones y de toda esa energía que se va a gastar, la consulta va a seguir siendo mala porque destruye empleos”, indicó.
A medida que se acerca la fecha de radicación, los partidos deberán definir si adoptan una postura unificada o si permitirán el voto libre entre sus senadores.