Un nuevo capítulo se suma al proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la supuesta financiación irregular en la campaña Petro Presidente 2022. Esta vez, el protagonista es Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional, quien solicitó que se suspenda temporalmente la investigación mientras el alto tribunal estudia una tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro.
La petición fue elevada en calidad de ponente del caso y se basa en el argumento de que la Corte debe definir de fondo el recurso presentado por el jefe de Estado, antes de que el CNE continúe con cualquier actuación. Según lo propuesto por Fernández, esa suspensión debería cobijar “la recolección de pruebas, el llamado a testigos y cualquier otro procedimiento legal” que esté relacionado con la actuación administrativa del tribunal electoral. Lea: CNE: la lucha por un puesto que impactaría la investigación a Petro
El origen de esta disputa legal se remonta a agosto de 2023, cuando el CNE formuló cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, su entonces gerente Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol— y el propio mandatario. La acusación gira en torno a un presunto exceso en los topes de financiación, que habría superado los $5.000 millones.
En respuesta, el presidente Petro presentó una tutela en la que señaló que la actuación del Consejo de Estado —al permitir que el CNE continúe con la investigación— vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”.
El caso fue asignado al despacho del magistrado Fernández, situación que generó cuestionamientos en algunos sectores debido a su cercanía con el Gobierno. Fernández fue secretario jurídico de la Presidencia durante el actual mandato y llegó a la Corte Constitucional tras ser ternado por el propio presidente.
Mientras tanto, el mandatario ha reiterado que la investigación es una forma de “golpe de Estado” y sostiene que se trata de una decisión “inconstitucional”. No obstante, las eventuales sanciones contempladas en este proceso no implican una pérdida de la carga, sino sanciones económicas como la devolución total o parcial de los recursos estatales asignados a la campaña o una multa de hasta el 10% de dichos fondos.
La Corte deberá decidir si acoge la solicitud de Fernández y detiene temporalmente la actuación del CNE, en un caso que tiene en vilo al sistema electoral y jurídico del país.