La audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, fue aplazada a petición de su defensa, que presentó una solicitud ante el complejo judicial de Paloquemao. La diligencia, que estaba programada para este jueves, ya fue reprogramada para el próximo 12 de junio.
Este nuevo movimiento procesal ocurre apenas un día después de que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmará que no avanzará en un principio de oportunidad con Ortiz. La decisión se sustentó en la falta de solidez de los aportes que la exfuncionaria pretendía entregar a cambio de beneficios judiciales.
Según indicó el ente acusador, “la colaboración que ofrece a la justicia (Sandra Ortiz) se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”. Lea: Sandra Ortiz no logrará principio de oportunidad en caso UNGRD
Luego de conocerse la negativa de la Fiscalía, Ortiz manifestó que dará a conocer públicamente los detalles de sus acercamientos con la justicia, así como la información que asegura tener sobre una red de corrupción en el interior del Estado. Frente a este anuncio, la Fiscalía advirtió que “lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía”.
El proceso penal contra la exconsejera se desprende de una investigación que busca esclarecer la existencia de una supuesta “organización criminal”, como la denominación la Fiscalía, que se habría estructurado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aprovechando las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública emitidas por el Gobierno.
El propósito de esta red, según los investigadores, era direccionar contratos a cambio de millonarias coimas. En el centro del esquema estarían Olmedo López, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector.
La Fiscalía ha señalado que muchos de los contratos terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien estaría al frente de más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS Todos ellos ya fueron imputados.
Sandra Ortiz es, hasta el momento, la funcionaria de más alto perfil del actual gobierno salpicada por este escándalo. La Fiscalía la señaló de haber entregado $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, por instrucción de Carlos Ramón González.
En declaraciones recientes entregadas a la revista Semana , Ortiz sostuvo que, según ella, los recursos entregados tenían una doble finalidad: “por un lado, garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso, y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, que se materializó el 17 de octubre de 2023″.