La Fiscalía General de la Nación descartó la posibilidad de conceder un principio de oportunidad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada luego de evaluar los acercamientos con Ortiz, en los cuales ofreció colaborar con la justicia, pero sus aportes fueron considerados contradictorios y carentes de respaldo probatorio.
“La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, señaló la Fiscalía, a través de un comunicado. Por esa razón, el ente acusador anunció que avanzará en la acusación formal contra la exfuncionaria, quien ha sido salpicada en uno de los escándalos de corrupción más graves de la administración actual. Lea: Sneyder Pinilla, primer condenado por caso Ungrd: esto pagará en prisión
De acuerdo con la, dentro de la UNGRD se habría conformado una “organización criminal” que aprovechó las declaratorias de investigación de desastre nacional y calamidad pública para direccionar millonarios contratos a cambio de sobornos.
La red ilícita habría sido liderada por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector. Según el expediente, la mayoría de los convenios adjudicados terminaron en manos de Luis Eduardo López, alias “El pastuso”, quien figura como representante de más de 30 empresas, entre ellas Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS, todas ya vinculadas judicialmente.
En este contexto, Sandra Ortiz aparece como la funcionaria de más alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro involucrada en el caso. Según el expediente, habría entregado $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por instrucción de Carlos Ramón González.
Ante el colapso de las negociaciones con la Fiscalía, Ortiz advirtió que hará públicos los detalles de los acercamientos y del esquema de corrupción del que asegura tener conocimiento. “Lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía”, indicó el organismo investigador.
En declaraciones a la revista Semana , Ortiz afirmó que los $3.000 millones habrían tenido un doble propósito: “garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso” e “incluir en el orden del día la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional”, hecho que se concretó el 17 de octubre de 2023.