El proceso penal que se estaba adelantando contra la creadora de contenido, Aída Victoria Merlano, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, fue cerrado este viernes 28 de marzo, por decisión del Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla.
El abogado Miguel Ángel del Río habló sobre la decisión del juez sobre el proceso que se adelantaba contra Aída: “No encontró una participación directa de ella con relación a esos hechos que se remontan a la creación de una sociedad donde, según la Fiscalía, en principio, se buscaba esconder dineros por parte de su madre, Aída Merlano, en esas sociedades”.
Además, del Río aseguró que se demostró que los hechos por los que era señalada son legales y se convierte en un proceso menos para la influencer, quien recientemente reveló su embarazo.
“Seguiremos adelante, mostrando la ausencia de responsabilidad, tanto de madre como hija, en muchos de los eventos penales en los cuales han querido involucrarse”, expresó el abogado.
La decisión llegó luego de que la Fiscalía General de la Nación y su defensa solicitaran el cierre del caso.
Aída Merlano era investigada por enriquecimiento ilícito
Aída Victora era investigada por la Fiscalía General de la Nación tras la creación de una empresa, en 2019, que se dedicaba a la arquitectura, el urbanismo y la construcción.
La institución señaló en ese momento que la creadora de contenido, presuntamente, había participado en un entramado ilegal que resultó en la constitución de dicha compañía. Según el ente acusador, esta nunca fue utilizada para las actividades para las cuales había sido creada.
La Fiscalía, después de las investigaciones iniciales, señaló que la creadora de contenido no tenía los recursos suficientes para crear la empresa en cuestión. Así como tampoco contaba con bienes o historial crediticio que pudiera generar los ingresos que se necesitaban para “apalancar los movimientos financieros que sustentaba”.
Teniendo en cuenta el panorama financiero de la entonces procesada, el ente investigador indicó que la empresa tenía como fin ocultar bienes de su madre. “El material de prueba da cuenta de que la hoy procesada se involucró en la constitución de esta empresa para, supuestamente, ocultar nueve inmuebles que pertenecerían a su señora madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo, cuyo avalúo superaría los 2.900 millones de pesos. De esta manera, habría intentado evitar que las autoridades los detectaran”, precisó la Fiscalía en un boletín informativo.
El medio argentino Infobae recordó que Merlano fue imputada con cargos por el delito de enriquecimiento ilícito en septiembre de 2022, por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, “en cuantía superior a $3.200 millones”.
Aída Victoria Merlano rechazó los cargos que le fueron imputados en septiembre del 2022.
En el momeno en que su proceso se hizo público, Merlano se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que no se aprovechó de los bienes de su madre, pues el Estado se aprovechó de ellos cuando fue enviada a la cárcel.
En ese sentido, la empresa por la que se abrió el caso, también pasó ser propiedad del Estado, por lo que dejó de tener el control sobre su patrimonio.
En un video que publicó en su cuenta de Facebook, en 2024, la influencer habló sobre el proceso que había contra su madre por el mismo delito que ella fue acusada: “Sí, ella sí tuvo un proceso de enriquecimiento ilícito por unos hechos del 2019, por una sociedad en la que estábamos mi hermano y yo. Dicha sociedad también pasó a ser un bien del Estado y quedó bajo su poder. En este puntual caso, la misma Fiscalía solicitó la preclusión, es decir, que no había pruebas”.
Cabe mencionar que la influencer aún tiene un proceso en su contra por presuntamente servir de cómplice para el escape de su madre, la excongresista Aída Merlano, en 2019. De hecho, solicitó una apelación a la Corte Constitucional y llevará su caso hasta la tercera —y última— instancia del proceso, desde que se conoció el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que le aumentaba de siete a 13 años y 8 meses la pena de cárcel.