El Consejo de Estado admitió una tutela en contra de la Presidencia de la República que busca frenar la transmisión en vivo de los Consejos de Ministros en horario prime de los canales privados. La acción judicial fue presentada por María Cristina Cuéllar, quien argumenta que la difusión de estas reuniones vulnera derechos fundamentales.
Según la demanda, se estaría afectando “la información y respeto por el derecho de libertad de escoger el medio masivo que convenga al ciudadano con ocasión de las intervenciones televisivas y radiales de los Consejos de Ministros”.
Este recurso se suma a otro admitido el pasado 13 de marzo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que también se cuestiona la publicidad de estas sesiones y se solicita que se garantice la reserva de su contenido. Lea: Error en cifras de salud desata polémica en Consejo de Ministros
En su escrito, el demandante exige que el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) “cumplan con esta disposición y se abstengan de divulgar información sobre estos encuentros”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la demanda cumple con los requisitos establecidos en la Ley 393 de 1997, razón por la cual ordenó su admisión. Como parte del proceso, notificó a la Presidencia y al Dapre para que presenten pruebas y remitan los antecedentes administrativos relacionados con el caso.
El fallo del tribunal no implica una decisión de fondo sobre la controversia, sino el inicio formal del proceso judicial. La Presidencia de la República y el Dapre tendrán la oportunidad de responder a la demanda y aportar sus argumentos en defensa de la transmisión de los Consejos de Ministros.
El debate sobre la divulgación de estas reuniones ha generado opiniones divididas. Mientras el Gobierno sostiene que su transmisión fortalece la transparencia y permite a la ciudadanía conocer las decisiones del Ejecutivo en tiempo real, sectores críticos advierten que podría afectar la deliberación interna del gabinete y comprometer la confidencialidad de temas sensibles para el país.