El asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Cartagena, ha derivado en una nueva acción judicial. Su familia interpuso una demanda contra el Estado colombiano y la cadena Hoteles Decameron, alegando que la falta de medidas de seguridad y presuntas omisiones facilitaron el crimen.
La demanda fue presentada ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y está a la espera de ser admitida. Según lo expuesto en el documento, “la información sobre el alojamiento y ubicación fue filtrada y permitió que los delincuentes que participaron en los hechos conocieran que estaba alojado con su esposa y pudieran conocer sus movimientos”. Lea: Caso Pecci: Gustavo Petro señala a narco uruguayo como el responsable
Además, la familia de Pecci señala que los delincuentes se hospedaron en el mismo hotel sin que la administración del establecimiento lo detectara. También argumentan que ni la Policía ni la Fiscalía colombiana adoptaron medidas preventivas para proteger al fiscal, a pesar de que su alto cargo y las investigaciones que lideraba lo convertían en un objetivo de alto riesgo, especialmente por sus casos relacionados con el narcotráfico.
Por estos hechos, los demandantes solicitan una reparación económica de 10.000 millones de pesos.
Un asesinato meticulosamente planificado y con múltiples responsables
El 10 de mayo de 2022, Pecci fue asesinado mientras se encontraba en la playa del hotel Decameron en Barú. En ese momento, el fiscal descansaba junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, cuando dos hombres llegaron al lugar en una moto acuática. Uno de ellos se acercó y le disparó, causándole la muerte.
Las investigaciones han permitido la judicialización de varias personas implicadas en el crimen. Wendre Still Scott, identificado como el sicario que ejecutó el asesinato, fue condenado junto a Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes realizaron labores de seguimiento, y Eiverson Adrián Zabaleta, encargado del transporte. Los cuatro recibieron una pena de 47 años de prisión el 17 de junio del año pasado.
Por su parte, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, señalados de financiar el crimen, también fueron sentenciados tras aceptar cargos. Además, Margareth Chacón, acusada de haber coordinado la logística del asesinato, fue condenada por su participación.
Uno de los principales implicados, Francisco Luis Correa, había aceptado su responsabilidad en el caso, pero fue asesinado dentro de la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá.
Ahora, con esta nueva demanda, la familia de Pecci busca que se esclarezca si existieron fallas de seguridad que facilitaron la ejecución del crimen y que, en su criterio, pudieron haberse evitado.