Este martes 25 de marzo, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, enfrentará la justicia por el escándalo del lote Aguas Vivas, un caso que pudo costarle a la ciudad cerca de $48.000 millones. A partir de las 2:10 p.m., Quintero y otros 12 implicados, entre exfuncionarios y particulares, serán imputados. Pero, ¿qué hay detrás de esta millonaria trama inmobiliaria? Aquí te explicamos los detalles clave.
Uno de los nombres clave es Felipe Agudelo Mesa, socio del exgobernador Luis Pérez y parte de empresas con contratos millonarios en las administraciones de Quintero y Pérez. También está Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial, cercano a ambos políticos. Lea también: El regreso del coronel Esparza: lo que viene después de su reintegro
Otro personaje relevante es Alethia Carolina Arango Gil, abogada sin experiencia que dirigió el Dagrd y luego se convirtió en subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Además, Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General de Quintero, jugó un papel clave en la gestión contractual de la Alcaldía.
Sin embargo, el protagonista principal es el lote Aguas Vivas: un terreno de 147.000 metros cuadrados entre El Poblado y Las Palmas. Sus dueños aseguraban que valía $48.000 millones, aunque su avalúo catastral era de solo $2.987 millones.
Un plan para inflar el valor del lote
El terreno, adquirido en 2014 por IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), pasó por varias manos hasta llegar a la Alcaldía en 2020. No obstante, los dueños buscaron modificar los términos de cesión para garantizarse una compensación millonaria si la Administración no encontraba compradores.
Inicialmente, la Alcaldía rechazó la petición, pero en 2020 cambió de postura y empezó a negociar el pago del predio. En 2021, los dueños reclamaron $54.000 millones argumentando “empobrecimiento” por parte del Municipio. Aunque un acuerdo inicial valoró el pago en $40.500 millones, la Procuraduría frenó la negociación tras destaparse el escándalo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó la conciliación, argumentando perjuicio al patrimonio público. Sin embargo, inexplicablemente, la Alcaldía de Quintero apeló la decisión en 2022. Finalmente, el Consejo de Estado ratificó la negativa, evitando el millonario pago.
La jugada final de Quintero
Lejos de rendirse, la administración Quintero encontró otra vía: el 23 de mayo de 2023, el exalcalde firmó el decreto 412, incluyendo el lote en el proyecto del Valle del Software, permitiendo su desarrollo para usos comerciales. Esto podría haber favorecido a los dueños originales, al incrementar el valor del predio y abrir la puerta a construcciones lucrativas.
El escándalo sigue en desarrollo y ahora la justicia determinará las responsabilidades de cada implicado en esta millonaria trama. Con la imputación de Daniel Quintero, el caso Aguas Vivas podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Medellín.