La Fiscalía General de la Nación intensificó las investigaciones sobre los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según información de Semana..
Como parte de las diligencias, el ente acusador adelanta un proceso de arraigo para determinar con certeza su ubicación, medida que podría allanar el camino a una eventual imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Lea: Sneyder Pinilla no se posesionó con documento falso en la Ungrd: esto explicó
La revista mencionó que fuentes de la Fiscalía indicaron que las verificaciones en curso buscan establecer con exactitud los movimientos de los exministros. Estas acciones han tomado mayor relevancia luego de conocerse que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), estaría tramitando una solicitud de asilo en España.
La información sobre González ha generado un incremento en los esfuerzos del ente investigador para rastrear los bienes, cuentas y desplazamientos de los involucrados en el caso.
En el desarrollo del expediente, la Fiscalía ha recopilado declaraciones de testigos clave que han vinculado directamente a los exministros con presuntas irregularidades en la gestión de recursos de la UNGRD.
Según Semana, en particular, los exdirectores de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han señalado que Bonilla y Velasco habrían estado implicados en el desfalco del presupuesto público con el objetivo de garantizar apoyo en el Congreso para los proyectos del Gobierno Nacional.
Las versiones entregadas por López ante las autoridades apuntan a que Carlos Ramón González le ordenó realizar pagos a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Según López, González también habría delegado a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, como “la mensajera” encargada de entregar 3.000 millones de pesos a Name.
En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la Fiscalía reveló que existen pruebas sobre una orden que habría impartido para direccionar contratos a favor de congresistas y contratistas. “Usted, Olmedo López, se reunió con el parlamentario Chaux Flores con el fin de materializar la instrucción del ministro Velasco Chávez”, señaló el ente investigador.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría vinculado con el presunto direccionamiento de contratos por más de 92 mil millones de pesos en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca. Estos recursos habrían sido utilizados para conseguir apoyo de congresistas de la Comisión de Crédito Público en la aprobación de empréstitos de la Nación, según Semana.
Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios, las medidas de arraigo buscan evitar la salida del país de los exministros y otros implicados, con el fin de garantizar su comparecencia en un eventual proceso judicial.