La crisis en la región del Catatumbo, Norte de Santander, sigue sin tregua. Tras dos meses de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, la población civil se encuentra atrapada en una espiral de violencia que ha cobrado la vida de 86 personas y forzado el desplazamiento de aproximadamente 57.000 habitantes.
Pese a la magnitud de la emergencia, líderes locales denuncian la falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria. Lea: Procuraduría pide mantener decreto de conmoción interior en Catatumbo
La declaratoria de conmoción interior para la zona, implementada por el Ejecutivo con el objetivo de restablecer el orden público, ha sido objeto de críticas por su escasa efectividad en el territorio. Autoridades municipales aseguran que, a pesar de los anuncios de apoyo, los recursos prometidos aún no han sido entregados, lo que impide una respuesta adecuada ante la crisis.
“No hemos visto proyectos que estén avanzando en estos momentos en estas dos situaciones que se han decretado: Pacto de Catatumbo y conmoción interior no hemos visto una claridad en cuanto a su ejecución”, expresó el alcalde de Hacarí, Robeiro Muñoz, evidenciando la incertidumbre que rodea las medidas adoptadas.
La ausencia del Estado: un problema de raíz
Expertos en seguridad advierten que la crisis en el Catatumbo no es un fenómeno reciente, sino la consecuencia de una histórica ausencia estatal en la región. Henry Cancelado, académico de la Universidad Javeriana, sostiene que “es un problema recurrente. El Estado entra de manera tímida con propuestas que se desmoronan fácilmente”.
Según el especialista, esta falta de control institucional ha permitido el fortalecimiento de economías ilegales, que terminan supliendo las necesidades básicas de la población en ausencia de programas gubernamentales efectivos. “Hay recursos, pero provienen de economías ilegales... lo que falta es presencia real del Estado”, advierte Cancelado.
El conflicto en el Catatumbo no solo ha exacerbado la crisis humanitaria, sino que también ha generado un clima de inseguridad para defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y firmantes del proceso de paz, quienes se han convertido en blanco de los grupos armados.
Procuraduría defiende la declaratoria de conmoción interior
Ante la gravedad de la situación, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional que avale el decreto mediante el cual se estableció el estado de conmoción interior en el Catatumbo, la región metropolitana de Cúcuta y dos municipios del Cesar.
En un documento de 32 páginas, el procurador general, Gregorio Eljach, argumenta que la medida es constitucional y necesaria ante el avance de la violencia en la zona. Según el organismo, el decreto “permite atender la crisis humanitaria en la región, marcada por ataques a la población civil y vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Así mismo, la Procuraduría defiende que las acciones tomadas cumplen con un “test leve de proporcionalidad”, ya que buscan restablecer el orden público y garantizar la seguridad del Estado. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, es la encargada de evaluar la legalidad de la medida.
Más de 91.000 personas afectadas por la violencia
De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el conflicto en el Catatumbo ha impactado a más de 91.000 personas. De ellas, 50.000 han sido desplazadas hacia zonas urbanas de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde se refugian en albergues temporales o comunidades de acogida. Le puede interesar: Adicionan $2.7 billones a presupuesto general por conmoción en el Catatumbo
El informe también alerta sobre las restricciones de movilidad que afectan a 27.381 personas, así como el aumento del riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región. “Se ha exacerbado el riesgo particular para defensores de derechos humanos, firmantes de paz, líderes sociales y comunitarios, quienes son objeto de violencia por parte de los grupos armados no estatales”, señala la OCHA en su reporte.