La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional mantener en firme el decreto legislativo 0064 de 2024, con el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Según el Ministerio Público, la medida se ajusta plenamente a la Constitución y resulta necesaria para enfrentar la escalada de violencia en la zona.
En el concepto remitido al alto tribunal, el procurador general, Gregorio Eljach, argumentó que el decreto cumple con los requisitos exigidos por la Carta Magna para su aplicación. Además, resaltó que las disposiciones establecidas en el documento gubernamental superan un “test leve de proporcionalidad”, debido a que buscan “conjurar la grave perturbación del orden público que está afectando de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana de la Región del Catatumbo, Área metropolitana de Cúcuta y municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”. Lea: Adicionan $2.7 billones a presupuesto general por conmoción en el Catatumbo
El Gobierno Nacional justificó la declaratoria de conmoción interior en un documento de 19 páginas, en el que reconoce que la región del Catatumbo se ha convertido en un epicentro de disputas entre grupos armados ilegales. Entre estos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC, residuos del grupo conocido como Los Pelusos y miembros del Clan del Golfo, quienes han intentado ampliar su presencia en la zona.
Ante esta situación, la Procuraduría destacó que el decreto permite garantizar la prestación de servicios esenciales para la población, los cuales se han visto gravemente afectados desde febrero pasado, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
“En otras palabras, para el Ministerio Público, el decreto que declara el estado de conmoción interior supera los presupuestos fijados por la Constitución y la jurisprudencia, esto es, el fáctico, el valorativo y el de suficiencia”, señala el concepto enviado a la Corte.
El documento gubernamental también establece que la medida busca restablecer los servicios públicos, fortalecer el control territorial por parte de la Fuerza Pública y evitar el desplazamiento forzado de la población. “Esta medida extraordinaria es indispensable para adoptar mecanismos y utilizar herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento”, subraya el decreto firmado por el gabinete ministerial.
El Ejecutivo también advirtió que la aplicación del decreto conllevará modificaciones en el Presupuesto General de la Nación, con el fin de destinar recursos adicionales para el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la financiación de programas sociales en la región.
Según lo anunciado, estos fondos se invertirán en infraestructura, educación y salud, con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis humanitaria en el Catatumbo.
La Corte Constitucional será la encargada de revisar la legalidad y proporcionalidad del decreto, determinando si la declaración del estado de conmoción interior se ajusta a los lineamientos establecidos en la Constitución.