La reforma laboral fue recientemente hundida en el Congreso de la República, mientras que la reforma a la salud aún no ha sido aprobada. Ante estos obstáculos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro de estas iniciativas.
“Que sea el pueblo el que decida”, expresó el mandatario desde la Casa de Nariño en medio de una alocución presidencial, destacando que la Constitución Política de Colombia contempla este recurso, que es un mecanismo de participación democrática mediante el cual la ciudadanía vota “sí” o “no” sobre una pregunta relacionada con temas de alto interés.
A pesar de las dificultades, durante el mandato de Petro sí se han aprobado otras reformas y leyes, entre esas, la Ley 418 de Paz Total, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Matrícula Cero o Política de Gratuidad en la Matrícula, que es la forma como el Gobierno nacional asume el pago de la matrícula ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación y que cumplen los requisitos de acceso indicados en el artículo 9 del Reglamento Operativo de Gratuidad del 2023. Le puede interesar: Consulta popular en Colombia: qué es, cómo funciona y cuándo aplicarla
Sobre la Ley 418 de Paz Total, que fue sancionada por Gustavo Petro en 2022, se conoce que define la política de Estado, preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia. Esta Ley otorga facultades al presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno, para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país.
Mientras que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo establece los lineamientos estratégicos de las políticas públicas y objetivos de corto, mediano y largo plazo que se ha propuesto adelantar el Gobierno nacional, así como los instrumentos financieros y presupuestales para alcanzar tales metas.
Así mismo, en medio del gobierno de Petro se aprobó la Jurisdicción Agraria y Rural, que salda una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana y ratifica la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cumplir los mandatos del Acuerdo Final de Paz.
La Jurisdicción Agraria y Rural es el nuevo poder que la Constitución Política le otorga a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país. Esta nueva Jurisdicción se suma a las demás Jurisdicciones que ya existen en la Rama Judicial: la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa, la Jurisdicción Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y, ahora, también la Jurisdicción Agraria y Rural. Lea también: Reforma laboral: Petro la implementará con decretos tras freno en el Congreso
El propósito de establecer una Jurisdicción Agraria y Rural es garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias.
La reforma aprobada en el Gobierno de Gustavo Petro
Una de las más polémicas fue la reforma pensional, la cual entrará en vigencia el próximo 1 de julio de 2025. Esta reforma establece un sistema de protección social integral para la vejez, estructurado en cuatro pilares: contributivo, solidario, semicontributivo y ahorro voluntario. La reforma pensional se caracteriza por:
- Colpensiones y las Administradoras del régimen de ahorro individual trabajarán en conjunto.
- Las mujeres podrán reducir gradualmente el tiempo de cotización, hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036.
- Se reconocerán 50 semanas adicionales por cada hijo nacido vivo o adoptivo (hasta un máximo de tres).
- Se establece un sistema de protección social integral para la vejez.
A pesar de las leyes y reformas aprobadas, el desacuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo en Colombia es evidente. Como resultado, muchos de los proyectos propuestos por el presidente han quedado estancados en el Congreso de la República.