El presidente Gustavo Petro rechazó enérgicamente la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito, que ordenó el embargo de cuentas estatales debido a una deuda del Gobierno con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según el mandatario, esta medida tiene un trasfondo político y afecta la financiación del Estado.
“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que los pocos recursos que tiene los embarga”, declaró Petro tras conocer la orden judicial. Así mismo, enfatizó que la decisión no responde a los intereses de Medellín, Antioquia ni del país en general.
Durante una sesión del Consejo de Ministros, el jefe de Estado instruyó a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a tomar medidas frente a la demanda de EPM. En su intervención, aseguró que el Gobierno mantiene su función constitucional de vigilancia y control sobre los servicios públicos. “Eso no se puede permitir”, señaló, insistiendo en que “no se pasan por la faja los derechos constitucionales del gobierno”.
Además, Petro cuestionó el papel de la empresa de servicios públicos en este litigio. “Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público”, sostuvo el mandatario. Lea: Ordenan embargos a cuentas del Gobierno por deudas a EPM: Petro reaccionó
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la decisión de acudir a la justicia, argumentando que el Gobierno Nacional no ha cumplido con el pago total de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3. Según el funcionario, la deuda de estas ayudas estatales con EPM y sus filiales ya supera los 1,2 billones de pesos.
“Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta. Por esta razón decidimos acudir a la justicia y hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional”, expresó Gutiérrez.
Ante esta situación, la administración de Medellín interpuso una demanda contra el Gobierno por los montos adeudados a Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM, así como por otras obligaciones pendientes con Afinia y otras filiales del sector eléctrico.