El Gobierno Nacional ha anunciado la reactivación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el Catatumbo, como parte de las medidas adoptadas tras la declaración del estado de conmoción interior en la región. El presidente Gustavo Petro aseguró que este programa, que fue “enterrado en el gobierno Duque”, volverá a ser una herramienta clave en la lucha contra los cultivos ilícitos y la violencia en esta zona del país.
El anuncio se hizo durante el segundo capítulo del Consejo de Ministros televisado el lunes 3 de marzo, que esta vez se centró en la grave crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo. A diferencia del primer encuentro, que estuvo marcado por tensiones y confrontaciones, esta reunión tuvo un enfoque más estructurado en la búsqueda de soluciones concretas. Lea: La propuesta de Petro para hacer balance de violencia en el Catatumbo
Petro anunció que volverá a retomar el programa de sustitución de cultivos ilícitos ordenado tras el acuerdo de paz firmado en 2016, pero con la variación de que ahora será pagado económicamente a campesinos que se sumen a la propuesta. Según el mandatario, se realizarán pagos mensuales por “$1′280.000, equivalentes al 90 % de un salario mínimo, durante 12 meses”, para los campesinos que erradiquen sus siembras de uso ilícito por cultivos lícitos.
Gloria Miranda Espitia, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, explicó que en la región se han identificado “53 mil hectáreas de cultivos ilícitos, distribuidas en Tibú, El Tarra y Sardinata, los cuales son el principal ingreso económico de los grupos armados”.
Sobre el presupuesto para esta propuesta, la funcionaria pidió al Ministerio de Hacienda “$362 mil millones para el Catatumbo, de los cuales $152 mil millones se destinarán al pago por erradicación y $178 mil millones a nuevos proyectos productivos. El resto financiará otros programas del Plan de Sustitución de Cultivos”.
La idea, como lo explicó el presidente, es la posibilidad de recuperar el Catatumbo y de atacar los grupos armados que actúan en la zona y que “son dueños de la frontera”. Sin embargo, es un gran reto actuar en esta zona del país que “nunca ha visto la presencia del Estado”.