La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una alerta urgente el pasado viernes sobre la creciente presencia de grupos armados ilegales en el departamento del Chocó, en el oeste del país.
Este informe pone en evidencia la grave situación de inseguridad que afecta principalmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, instando al gobierno colombiano a implementar “medidas inmediatas” para proteger a los civiles.
La región del Medio San Juan, en el Chocó, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Según cifras de la Gobernación del Chocó, más de 4.000 personas han sido desplazadas por la violencia, mientras que al menos 12.000 personas se encuentran actualmente confinadas en diversas localidades. Lea: Catatumbo enfrenta una crisis humanitaria que sigue sin solución
La Oficina de la ONU en Colombia informó que, desde el 26 de febrero, se ha documentado la presencia de grupos armados ilegales en áreas como San Juan, Bajo Baudó y el litoral del San Juan, lo que ha puesto en grave riesgo la vida y seguridad de la población civil. “Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección”, expresó el organismo en su cuenta de X.
Las comunidades más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado incluyen el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), la Juntanza Interétnica del Bajo Calima, y las comunidades indígenas del pueblo wounaan, que habitan en los municipios de Medio San Juan, Istmina, Sipí, Nóvita y Litoral del San Juan. Según el informe de la ONU, desde el 25 de febrero, estas comunidades se encuentran bajo confinamiento, con restricciones severas a la movilidad y amenazas de violencia, incluyendo la prohibición de utilizar lanchas.
A raíz de la gravedad de la situación, el organismo internacional hizo un llamado a las autoridades colombianas, especialmente a las fuerzas de seguridad, para que adopten “medidas de prevención y protección eficaces”, alineadas con la política de seguridad del Ministerio de Defensa, con el fin de garantizar la seguridad de la población en riesgo en el Chocó.
Este brote de violencia en Chocó forma parte de un panorama más amplio de emergencia humanitaria que afecta diversas regiones de Colombia, especialmente en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde el fortalecimiento de grupos armados ilegales ha llevado a la pérdida de control territorial en algunas áreas.
Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia, reconoció en una entrevista con EFE que el país vive una situación humanitaria “especialmente delicada”, derivada de múltiples emergencias vinculadas al conflicto armado.
Marín también señaló que la expansión de los grupos armados ilegales ha hecho que el Estado pierda el control en varias zonas del país. De hecho, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la presencia de estos grupos en 708 de los 1.104 municipios de Colombia, lo que subraya la magnitud de la crisis que enfrenta el país.