El Consejo de Estado desestimó una tutela interpuesta contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que buscaba su retractación tras referirse a varios periodistas como “muñecas de la mafia”. La acción legal había sido presentada por el abogado Germán Calderón España, quien argumentaba que las declaraciones del mandatario afectaban los derechos fundamentales de las periodistas al generar un “daño psicológico general” y humillarlas públicamente.
El abogado Calderón insistió en que las expresiones de Petro no solo eran discriminatorias, sino que también menoscababan la dignidad de las mujeres periodistas, creando un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo en Colombia. Según Calderón, este tipo de comentarios perpetuaba la violencia simbólica contra las mujeres en los medios de comunicación y las estigmatizaba de manera grave, afectando no solo a las profesionales del sector, sino a la libertad de prensa en general.
Por su parte, el presidente Petro, quien ya había defendido sus comentarios en anteriores ocasiones, solicitó que se declarara improcedente la tutela. En su intervención ante el Consejo de Estado, Petro argumentó que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que su intención nunca fue atacar los derechos de las mujeres periodistas. Lea: Cae la popularidad de Petro: desaprobación sube al 63% según Invamer
Según el mandatario, lo que intentaba señalar era la presencia de algunos periodistas que, independientemente de su género, habían sido cooptados por actores del narcotráfico, lo que representaba una amenaza seria para la integridad del ejercicio periodístico en el país. En este sentido, Petro subrayó que la lucha contra el narcotráfico era un tema clave y que los periodistas involucrados en esas prácticas ponían en riesgo la profesión y la seguridad pública.
El Consejo de Estado, en su fallo definitivo conocido el 27 de febrero de 2025, reafirmó la decisión que ya había tomado el 17 de octubre de 2024, rechazando la tutela por considerar que Calderón no había solicitado previamente una rectificación directa al presidente Petro, un paso que es considerado esencial para que una tutela proceda. Esta resolución pone fin a un largo proceso judicial que ha generado debate sobre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación.